En las calles ya se habla de al menos nueve muertos por la represión de las protestas en Honduras ante lo que califican como un burdo fraude contra la voluntad popular. «Dicen que hay muertos, pero no pueden ser reconocidos con autoridad pública porque cuando llegan no los dejan; entonces nosotros tenemos cero registro», dijo sin embargo el vocero policial, Jair Meza. El presidente y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, decretó a última hora del viernes el Estado de excepción, que suspende las garantías constitucionales, lo que augura más muertes, según reconoció a Tiempo el portavoz de la Alianza de Oposición, Ricardo Salgado. De este modo, la ola de golpes blandos contra gobiernos populares iniciada en junio de 2009 termina envuelta en un baño de sangre, y en esas mismas calles se juega el futuro del proceso constitucional hondureño y, quién sabe, del resto del continente.
Hernández, conocido en los medios hondureños como JOH, se presentó para la reelección luego de forzar una autorización de la corte de su país que echa por tierra con los argumentos que sirvieron para destituir a Manuel Mel Zelaya que, sin ser de izquierda, había impulsado algunas reformas sociales. Su peor pecado, sin embargo, fue el acercamiento a los gobiernos populares de la época, como los de Hugo Chávez, Cristina Fernández y Lula da Silva.
Recién comenzaba la administración Obama con la promesa de cambiar la relación con Latinoamérica. Al frente de la secretaría de Estado, Hillary Clinton puso en marcha una maquinaria que, asociada con los factores económicos hondureños llevó al enfrentamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con Zelaya, que intentaba una consulta para reformar la Constitución. En abril de 2015, sin tanto prurito, ambas instancias aceptaron reformar el artículo 239 de la Constitución de 1982 para permitir la reelección.
JOH, en el gobierno desde enero de 2014 y con fecha de vencimiento en enero próximo, no dejó pasar la ocasión de presentarse para un nuevo período. Tampoco es que la derecha conservadora y la oligarquía tengan muchas figuras de reemplazo.
Por el lado de la oposición, Zelaya mantiene buena llegada a la población pero sabía que solo o con el partido que fundó tras su destitución, Libre, no podría derrotar al aparato estatal, mediático y judicial que apoya a Hernández. De modo que promovió una coalición entre sectores opositores. En mayo pasado se anunció que para las presidenciales se presentaría una Alianza de la Oposición integrada por el partido Libre, el sector principal del Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Innovación y Unidad (PINU).
El candidato sería el fundador de PAC, Salvador Nasralla, un ingeniero en construcción recibido en la Universidad Católica de Chile pero conocido en todo Honduras como presentador televisivo. Es un personaje a tener en cuenta por estas pantallas. Se lo llamaba hasta no hace mucho «El señor de la TV» y entre sus logros profesionales está la conducción del Bailando por un sueño de Honduras. Luego de la crisis de 2009 decidió incursionar en la política y desde allí construyó una imagen de luchador contra la corrupción. Materia prima tiene a rabiar en ese país, sobre todo desde el golpe de 2009. Su candidata a vicepresidenta es la esposa del derrocado mandatario, Xiomara Castro, quien se define como socialista. En la plataforma de la Alianza se establece que la coalición rescatará el Estado de derecho, implementará servicios de salud universal y gratuita, promoverá la enseñanza gratuita en los niveles básico y medio, y el acceso inmediato a la universidad para los graduados del sistema de educación secundaria.
El domingo pasado se desarrollaron los comicios, en un clima de aparente normalidad. Veedores de todo el mundo se hicieron presentes en el acto, entre ellos de la OEA y de la Unión Europea. Aunque los integrantes de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) denunciaron un «ambiente de abierta hostilidad gubernamental».
Entre el lunes y el martes el TSE fue mostrando los primeros resultados de la elección. Cuando se llevaba escrutado el 68% de las urnas la diferencia era de 5 puntos en favor de Nasralla. Para la Alianza la tendencia era irreversible. «En un país de 8,5 millones de habitantes con un padrón de 6 millones de ciudadanos con un promedio de afluencia de entre el 50 y el 60% del electorado, se entiende que el resultado no cambiará. Pero el TSE no dijo nada», se quejó ante este medio el vocero de la coalición opositora.
El miércoles las autoridades informaron que «se cayó el sistema» y se suspendía el informe de avance en el escrutinio. La excusa no conformó a nadie: se había llenado el disco rígido donde estaban los datos.
La cuestión es que el jueves volvieron a dar informes pero sorpresivamente Hernández se iba acercando a Nasralla de un modo poco confiable para la experiencia electoral de Honduras. El viernes las calles se llenaron de manifestantes enfurecidos por lo que avizoran como otro despojo a la democracia. A esa altura, y con el 95% escrutado, el actual presidente tenía, según el TSE, el 42,92% de los votos contra el 42,42% de Nasralla. Pero habría, de acuerdo a la Justicia electoral, 1031 urnas con inconsistencias que deben revisarse. La Alianza quiere que se entregue el listado completo de las actas que van a observarse y especialmente de más de 5000 que no se trasmitieron por Internet sino en forma sospechosamente manual. O que primero figuraban a favor y luego en contra del presentador televisivo.
El gobierno de Donald Trump cuestionó las elecciones municipales de Cuba del domingo pasado, pero aún no se había pronunciado sobre Honduras. La OEA, que cuestiona con vehemencia el proceso electoral venezolano, se limitó a reclamar «transparencia». Mientras tanto el gobierno dictó el estado de excepción y el toque de queda desde las 18 a las 6 de la mañana siguiente por el término de diez días.
Ricardo Salgado le dijo a Tiempo que la oposición se plantea la desobediencia civil y que para hoy habrá marchas. Y señaló que la policía denunció saqueos, que asegura que no se registraron, como argumento para la represión del viernes. «Tememos una escalada de violencia, estamos convencidos de que van a asesinar a más gente», destacó. «
