Tras numerosas amenazas y hostigamientos a él y a su familia, el periodista colombiano del Canal 2 de Cali, José Alberto Tejada, se encuentra refugiado en algún sitio reservado en ese distrito, acaso el más convulsionado y afectado por la violencia. Tal como relata, su situación es el fiel reflejo de la brutalidad policial que llevó al movimiento que hace más de un año reclama en las calles a incluir entre sus pedidos una profunda reforma de la fuerza, que el gobierno de Iván Duque sigue desoyendo. “Este está bueno para pegarle un tiro”, cuenta que oyó decir a unos efectivos que pasaban por su lado. Fue hostigado en su domicilio, vio y sigue viendo autos sospechosos siguiendo sus movimientos y hasta recibió la visita de un supuesto sicario haciéndose pasar por médico. La policía intentó retirar la guardia que lo escolta. “No se hará ninguna purga policial mientras este gobierno y el Congreso mantengan su connivencia”, se resigna ante Tiempo en videollamada. El jueves, un grupo de 35 congresistas solicitó “ante continuas amenazas y hostigamientos” al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección que “se adopten medidas urgentes e inmediatas para proteger la vida e integridad” del periodista de Cali. “Hablamos con el director de la UNP. Como todo burócrata, me dijo que había que hacer unos trámites y hablar con no sé quién. Con mi abogado le dijimos que basta de trámites, necesitamos seguridad”, explicó. Mañana tendrá reuniones con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la asistente de Amnistía Internacional.

Desde su programa diario en el canal local, Tejada refleja las demandas sociales del pueblo de Cali y se convirtió en un activo vocero de las víctimas de abusos y violencia policial y parapolicial. No es el único que sufrió las consecuencias. El Canal 2 emitió un spot con el que convoca el apoyo de la comunidad nacional e internacional: “Nuestra seguridad física, financiera e institucional está en grave riesgo. Nuestros periodistas han sido amenazados de muerte. Los anunciantes productores y compradores de contenido han salido en estampida frente a nuestra decisión editorial”.

Tejada explica que el hostigamiento más grave comenzó tras la investigación realizada junto con la señal Cuestión Pública, sobre una multinacional que montó “un centro de operación policial en uno de sus almacenes en Cali”. Según indagó, la policía habría sido virtualmente privatizada. “Lo denunciamos. Fue lo primero que nos trajo problemas con la policía y el gobierno. Empezamos a recibir amenazas directas”.

Desde que esas amenazas se profundizaron, Tejada dejó su lugar habitual de trabajo para recluirse en una oficina cuya ubicación conoce solo su vínculo más cercano. Lo custodia un grupo de exmilitares comprometidos por la paz, reunidos en la ONG Veteranos por Colombia. Pero no cesó su tarea periodística. Transmite a través de las redes sociales. “Nos  dedicamos a denunciar las atrocidades, arbitrariedades y despojos de que está siendo víctima el país, por parte de una camarilla de delincuentes que tomaron el gobierno”, destaca. Tejada coincide con muchos análisis de organizaciones políticas y sociales opositoras al gobierno de Duque: la violencia crónica en el país no puede acabar en tanto no se cumplan en su totalidad los acuerdos de paz y se reformule a las fuerzas de seguridad, pensadas y configuradas para actuar como un cuerpo militar.

Mientras se desarrollaba esta entrevista, Tejada recibió la información de que se había labrado una orden de captura contra la madre de un joven muy activo en las protestas, detenido por la policía al considerarlo responsable de un homicidio, lo que el colectivo de manifestantes denuncia como absolutamente falso. “Es una prueba para ustedes, en caliente, de lo que está pasando en Colombia”, lamentó. «