Decenas de bloqueos, policías en las calles y miles de manifestantes forman parte de la escenografía de la ciudad brasileña de Curitiba a pocas horas de la declaración del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el juicio que le sigue por corrupción el mediático juez Sérgio Moro, de la Operación Lava Jato.

«Se han cortado las calles a entre 200 y 500 metros en torno al edificio de la Justicia Federal para evitar manifestaciones y conflictos», informó a Télam un portavoz de la policía militarizada del estado de Paraná.

Lula, quien denuncia una persecución en su contra por parte de Moro y el jefe de los fiscales de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, declarará a las 14, apoyado por cientos de miles de seguidores que llegaron desde todos los rincones de Brasil a la capital del estado sureño de Paraná, fronterizo con Misiones.

El Frente Brasil Popular, que agrupa a sindicatos y movimientos sociales, organiza en la Plaza Santos Andrade, en el casco histórico de la ciudad de Curitiba, una jornada por la democracia para respaldar al ex presidente. Estará presente la ex presidenta Dilma Rousseff y gran parte del bloque de senadores y diputados del PT, además de los principales líderes del país.

Otro ataque judicial

El embate del poder judicial contra el ex presidente, el líder político con más posibilidades de llegar al Planalto en las elecciones de 2018, se profundizó en las últimas horas y al llamado a comparecer ante Moro se sumó una sentencia del juez subrogante de Brasilia Ricardo Leite que ordenó cesar las actividades del centro de estudios del ex dirigente metalúrgico bajo el argumento de que allí se pudieron haber generado delitos ahora investigados.

La decisión de Leite fue oportunamente anunciada en vísperas de la declaración indagatoria que Lula ofrecerá ante Moro en Curitiba en el marco de la llamada Operación Lava Jato. Para el juez de Brasilia, existen indicios «vehementes de delitos criminales» iniciados o instigados en la sede del Instituto Lula, ubicado en el barrio de Ipiranga, en San Pablo.

El centro se llama Instituto Lula desde 2011, tras el paso del ex obrero metalúrgico por la Presidencia de Brasil, luego de que, desde 1991, se llamara Instituto de Ciudadanía, un espacio de estudios y acción política del Partido de los Trabajadores (PT). El juez Leite dijo que el Instituto Lula «era un lugar con gran influencia en el escenario político del país».

Los voceros de Lula indicaron que no fueron notificados de la decisión.

El Instituto Lula es blanco de la investigación Lava Jato debido a que varias empresas constructoras investigadas en ese operativo hicieron donaciones, algo que también ocurrió con los centros de debate de otros ex mandatarios, como el Instituto FHC, de Fernando Henrique Cardoso, y el Instituto José Sarney.

La decisión constituye una medida cautelar que debe ejecutar la Junta Comercial de San Pablo y la Policía Federal.

El juez Leite procesó a Lula en su momento al aceptar una denuncia de que había obstruido a la justicia, en base a un testimonio de un corrupto confeso y ex senador, Delcidio Amaral.

Recursos denegados

Mientras tanto, la defensa Lula hizo tres pedidos de habeas corpus al Supremo Tribunal del Justicia, la máxima corte penal de Brasil, para reclamar la postergación del interrogatorio previsto para este miércoles en la causa que investiga el juez Moro.

Los pedidos urgentes buscan que se excuse del caso al magistrado, postergar para analizar pruebas recientes la declaración indagatoria de este miércoles y filmar con equipos propios el testimonio del ex presidente.

El juez Moro y la segunda instancia, el Tribunal Federal Regional 4 de Porto Alegre, rechazaron los pedidos de la defensa del ex presidente, acusado de corrupción en torno a un apartamento que la fiscalía dice que le entregó a cambio de contratos en Petrobras la empresa OAS.

Las apelaciones ante el STJ, el tribunal penal anterior al máximo tribunal forman parte de la batalla jurídica y política que enfrenta a Lula con la Operación Lava Jato: el ex presidente está procesado en cinco causas a las que califica de persecución política.

La defensa de Lula argumenta que no pudo analizar 100.000 hojas de documentación de Petrobras agregada a la causa por el fiscal Deltan Dallagnol, quien acusa a Lula de haber comandado desde el gobierno una asociación ilícita, aunque la causa no trate de este delito.

El ministro Felix Fischer debe decidir los pedidos y en caso de que los rechace se confirmará la indagatoria de Lula a las 14 en la sede de la Justicia Federal en Curitiba. La declaración provocó la llegada de movimientos de izquierda a Curitiba, que se manifestaron por el centro de la capital de Paraná para respaldar al líder del Partido de los Trabajadores.