Hacía tiempo que la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Congreso unicameral de 57 miembros, estaba en la mira de jueces y servicios de inteligencia, pero los 5 millones de “ticos” lo ignoraban. Por pura intuición, sin embargo, sabían que sus vidas estaban en manos dudosas. Lo confirmaron recién el 9 de junio, cuando el semanario Universidad reveló una investigación propia y dio nombres y apellidos de 22 diputados, el 38,6% del cuerpo, que enfrentan 29 causas penales por todos los delitos imaginables. Desde manejar borracho y huir tras haber atropellado y matado a una persona, hasta usurpar bienes de dominio público y recibir dinero del narcotráfico. Lo que nadie sospechaba era que entre ellos figuran cinco pastores del bloque parlamentario pentecostal.

Seis de los ocho partidos con representación parlamentaria, entre ellos la Acción Ciudadana del presidente Carlos Alvarado, tienen al menos un representante en los expedientes abiertos por el Ministerio Público. El mandatario, que aún no había manifestado nada sobre el tema, mantiene en el cargo a su ministro de Comunicación, Agustín Castro, quien acumula múltiples pruebas en contra. La cosa viene mal para Alvarado y para Castro, perteneciente al Partido Unidad Social Cristiana, porque este integra la lista de dirigentes que recibieron en sus despachos a tres capos narco detenidos el 25 de mayo. Entre los acusados está el titular de la Comisión Investigadora del Narcotráfico.

El 14 de junio, cuando el sistema político y el presidente parecían haber apagado el incendio, surgió un nuevo foco que quema a todos y, en especial, al gobierno. En un caso de corrupción en la concesión de obras públicas en el que fueron detenidas 29 personas, cayeron el principal asesor presidencial (Camilo Saldarriaga) y la cúpula del Consejo Nacional de Vialidad. Como si fuera poco, los investigadores dijeron que la red de corruptos, receptores de coimas por al menos 126 millones de dólares, estaría integrada por 72 personas, y de ellas 19 son altos funcionarios del gobierno. A diferencia de la mayoría de aquellos legisladores que buscan hacer aparecer las dádivas como destinadas al financiamiento partidario, en este caso lo recaudado iba al bolsillo de los detenidos.

El semanario editado por la estatal Universidad Nacional de Costa Rica dedicó un capítulo especial a los pastores pentecostales elegidos en 2018. En esos comicios los predicadores sumaron a sus fieles a Restauración Nacional (RN), un partido creado en 2005 por el pastor Carlos Avendaño, uno de los ahora acusados por varios delitos de corrupción. Bajo la bandera de los “valores y principios cristianos”, RN eligió a 14 diputados. De ellos, ocho son pastores pentecostales públicamente conocidos como tales y, de ellos, cinco enfrentan cargos contemplados en el Código Penal.

Nadie en la dirigencia habla ni sobre la vida delictiva de los cinco predicadores ni sobre la violación de la cláusula constitucional que establece que “ningún clérigo o seglar podrá hacer en forma alguna propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose como medio de creencias religiosas”. En 2012 la ONU estableció que el 20 de marzo se celebre el Día Internacional de la Felicidad, considerando seis variables –económicas, sociales, defensa de la vida y el ambiente, ausencia de corrupción e inseguridad– para designar a los países más felices del mundo. Desde entonces los ticos son los americanos más felices. Solo les ganan los nórdicos de Europa. Para arruinarle la fiesta apareció Gallup, y el 12 de junio, dijo que el 38% de los jóvenes ticos quiere emigrar, empujados por la inseguridad, la violencia y la corrupción.

País no tan verde

En el marco de todas las cucardas que le ha colgado el establishment occidental a Costa Rica, figura la de “país verde”, defensor del hábitat y de los derechos humanos de los poco más de cinco millones de personas que viven allí, en la cintura centroamericana, una hermosa tierra bañada por dos mares, el Caribe y el Pacífico. Dentro del país son pocos los que piensan lo mismo, que es como decir que son muchos los “ticos” que descreen de los halagos.

Un ejemplo: “Costa Rica es un país que se autodenomina el paraíso de la conservación de la naturaleza, pero sus autoridades se niegan a adoptar medidas concretas para protegerla”, dice una denuncia divulgada el 11 de junio por Bloque Verde, un “colectivo de ecología social y acción directa no violenta”. Según sus estadísticas, en las dos últimas décadas se registraron al menos 25 atentados contra defensores de la tierra y el ambiente, que dejaron un saldo de 13 muertos.

Otro ejemplo: en una publicación oficial del Ministerio Público del 3 de junio pasado sobre la situación ambiental de Costa Rica, el Fiscal Ambiental adjunto, Luis Diego Hernández, señaló que “el país vive un auge de la participación del crimen organizado en actividades destructivas relacionadas, principalmente, con la agroindustria, el tráfico de fauna silvestre, la tala de bosques, la expansión inmobiliaria y la construcción de pistas de aterrizaje para operaciones del narcotráfico”.