Desde este fin de semana y por 60 días, rige el estado de excepción en la frontera norte ecuatoriana, donde se ha instalado el conflicto que acaba de cobrarle al gobierno de Lenín Moreno su primera crisis de Gabinete. Después de varios días de infructuosos operativos para rescatar a la pareja secuestrada en la provincia de Esmeraldas supuestamente por el grupo armado Frente Oliver Sinisterra, autor del secuestro y asesinato de los tres periodistas del diario El Comercio, de Quito, el ministro del Interior César Navas presentó su renuncia. La salida había sido anticipada por este diario el domingo pasado, al dar cuenta de la poca claridad en sus acciones y del deficiente manejo en el nuevo secuestro. Antes del fin de semana anterior, el ahora exministro reconocía haber perdido toda comunicación con los captores de Vanesa Velasco y Oscar Efrén Villacís después de conocerse un video en el que los propios secuestrados pedían la liberación de nueve combatientes detenidos a cambio de no ser asesinados. Esa situación de incomunicación se mantuvo durante toda la semana hasta el cierre de esta edición, mientras que los familiares de los rehenes pidieron con desesperación una prueba de vida que hasta el momento no se produjo. «Todo esto demuestra la falta de un conocimiento claro (del gobierno) respecto de los temas de la frontera y de las respuestas que se deben dar. Se ha puesto en evidencia la improvisación, el desconocimiento», había criticado el politólogo y exministro de Moreno, Virgilio Hernández, en una entrevista publicada en la última edición dominical de Tiempo. 

La renuncia de Navas se presentó en simultáneo con la del ministro de Defensa, Patricio Zambrano, un día después de cumplirse el plazo que Moreno le había dado a los dos para capturar a Walter Arizala Vernaza, alias «Guacho», el disidente de las FARC a cuyo grupo se le atribuye una decena de ataques en el norte del país, ocurridos desde el pasado 27 de enero cuando estalló un cochebomba. También se lo responsabiliza por el secuestro y el asesinato en cautiverio del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, equipo periodístico de El Comercio.

La semana pasada, Moreno les exigió a los ministros de Interior y de Defensa resultados concretos y explicó que esperaba «un paso al costado» de los funcionarios si no le traían a Arizala en 10 días. El lapso venció el jueves 26. Ese mismo día, Navas recibió una curiosa condecoración por su labor, a pesar de tener que abandonarla luego por haber fracasado en su misión. Se trata de la Gran Cruz del Orden y la Seguridad Ciudadana, que recibió de manos del comandante de la Policía de Ecuador, general Miguel Ramiro Mantilla.

Después de las renuncias, el presidente Moreno extendió por decreto el estado de excepción por 60 días en los cantones fronterizos de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, especialmente a las poblaciones de Mataje, El Pan y La Cadena. En estas tres localidades, lindantes con Colombia, se intensificaron los enfrentamientos armados y ataques terroristas. En Mataje puntualmente se registraron los secuestros.

El decreto dispone la movilización de «todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia (de Esmeraldas)». Además suspende cuatro derechos ciudadanos: inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, libertad de tránsito y libertad de asociación o reuniones.

En tanto, la Asamblea Nacional (Parlamento) acordó una vasta agenda de 48 proyectos de ley para tratar de aquí hasta 2019, que incluye un paquete de medidas tendientes a reforzar la seguridad en la frontera. Entre ellas una nueva versión de la ley de Desarrollo Fronterizo, que había sido vetada por Rafael Correa en 2012, por contener artículos que ya tenían aplicación en otras normas. Los legisladores también aprobaron la creación de la Mesa Ocasional de Seguridad de Frontera, integrada por 19 miembros, mayormente originarios de las regiones en conflicto. Este organismo tendrá a su cargo la revisión y debate de todas las leyes dirigidas al tema y su primer encuentro estaba agendado para este sábado. 

Preguntas sin respuestas

«¿Qué hizo el Ministerio de Defensa?», «¿Qué hizo la Cancillería?», «¿Cuáles son los errores de buena fe?», «¿Quién era el negociador?», «¿Quién es ahora nuestro canal de comunicación?». Estas preguntas desvelan a los familiares del fotógrafo Paúl Rivas, el conductor Efraín Segarra y el reportero Javier Ortega, quienes pidieron al gobierno que transparente cómo se desarrollaron las investigaciones del secuestro y posterior asesinato del equipo de El Comercio. Lo hicieron en una conferencia de prensa el pasado jueves, al cumplirse un mes del secuestro en la provincia de Esmeraldas, a donde se habían dirigido los tres para cubrir el conflicto armado con el Frente Oliver Sinisterra. «Queremos saber cuáles fueron los ‘errores de buena fe’ que llevaron a la muerte de tres personas ¿Quién era el negociador? ¿Qué estaba negociando?», planteó Yadira Aguagallo, la pareja de Rivas, acompañada por el hermano del fotógrafo, los padres de Javier Ortega, y los hijos de Efraín Segarra. Los familiares también quieren saber ¿cuándo van a ser devueltos los cuerpos de Paúl, Javier y Efraín?, ya que hace días que el gobierno no da noticias sobre las gestiones que se realizan para regresarlos al país. «