Un jurado de Río de Janeiro, compuesto por siete miembros, sentenció a 78 años, nueve meses y 30 días de prisión a Ronnie Lessa y a 59 años, ocho meses y diez días a Élcio Queiroz, expolicías y confesos asesinos de la concejala y militante social Marielle Franco y del conductor del vehículo en que viajaba, Anderson Gomes. La mujer, activista de los Derechos Humanos, fue acribillada en marzo de 2018 cuando salía de una charla en la favela de Acari. 

Los asesinos revelaron, en un acuerdo de colaboración con la Justicia, que el crimen estuvo relacionado con intereses inmobiliarios de las milicias que operan en la ciudad carioca y que Franco era uno de los “objetivos”; el otro hubiera sido el diputado Marcelo Freixo. Lessa señaló que el consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, Domingos Brazao y su hermano, el diputado por Unión Brasil Joao Francisco ‘Chiquinho’ Brazao, los habían contratado para eliminar a la joven y que entre los autores intelectuales también está el jefe de Policía Rivaldo Barbosa.

En una espeluznante declaración a través de videoconferencia, Lessa aseguró que el conductor del vehículo, Anderson Gomes, no estaba en los planes y responsabilizó del hecho al arma con la que efectuó los disparos, en una estrategia de la defensa para librarle de esta muerte.

«Intenté concentrarme al máximo en el objetivo, que era Marielle. Pero sabía que el arma -un subfusil 9 milímetros- no era la adecuada. Si hubiera sido un revólver, solo habría muerto la concejal», afirmó, en un intento de disculparse, afirmando que «se centró» en la cabeza de Franco antes de disparar, informa el diario O Globo. Queiroz, por su parte, conducía el coche que siguió a la concejala brasileña.

Lessa, por otro lado, se mostró compungido en el juicio, que comenzó el miércoles, seis años y siete meses después del hecho. «Necesito pedir perdón a las familias. Perdí a mi padre hace poco y fue horrible. Perder un hijo debe ser la cosa más triste del mundo, un marido. Desgraciadamente, no podemos dar marcha atrás en el tiempo. Me quité un peso de encima confesando el crimen. Estoy seguro de que se hará justicia», dijo.

Los reos deberán pagar además una pensión al hijo de Gomes, Arthur, hasta que cumpla 24 años, y una indemnización de 706.000 reales (124.000 dólares) en concepto de daños morales a cada una de las víctimas: Arthut Gomes; su viuda, Ágatha Arnaus; la madre de la concejala, Marinete Silva, y su viuda, Mónica Benicio.

La explotación inmobiliaria es actualmente uno de las principales entradas de financiación del crimen organizado en Río de Janeiro, por lo que Marielle era vista como una piedra en el zapato por parte de las bandas criminales.

La jueza Lúcia Glioche dijo al leer la sentencia que ninguna condena servirá para tranquilizar a las familias, pero que es una respuesta a la impunidad de los criminales. «La Justicia a veces es lenta, ciega, estúpida, injusta, equivocada. Pero llega. Incluso para los acusados que piensan que nunca serán castigados. La Justicia llega a los culpables y les quita el derecho más importante después de la vida que es la libertad», declaró.