Deltan Dallagnol fue, junto con el ex juez Sergio Moro, uno de los arietes en la persecución judicial contra Lula da Silva. Evangélico convencido de que la suya era la lucha del bien contra el mal encarnado por el dos veces presidente de Brasil -decía que actuaba como Elliot Ness en Los intocables- no dudó en recurrir a cualquier tipo de armas con tal de impedir su regreso al Palacio del Planalto en la elección de 2018, en tándem con el otro “adalid” que vestía la toga de juez en el estado de Paraná.
Moro mostró su verdadero talante cuando integró el primer gabinete de Jair Bolsonaro como ministro de Justicia y ahora se ofrece como candidato del “centrao” para los comicios de este año. Las causas contra el ex dirigente metalúrgico fueron cayendo porque las pruebas en su contra estaban tan amañadas que no resistían el menor análisis de tribunales un poco más sensatos. Y así Lula quedó liberado para postularse nuevamente este año y encabea las encuestas para terminar con la ultraderecha en el gobierno brasileño.
Dallagnol también se fue del sistema judicial, en noviembre del año pasado, para integrarse a un partido político de derecha. No solo quedó muy golpeado cuando se fue descubriendo el entramado ficticio para condenar a al fundador del Partido de los Trabajadores (PT), sino que la filtración de comunicaciones en la plataforma Telegram entre él, el juez y el equipo de fiscales a su cargo reveló las maniobras ilícitas para perseguir a representantes del PT y especialmente a Lula.
De hecho, la causa Lava Jato, que parecía destinada a limpiar la corrupción política y empresarial en el gigante sudamericano, se cayó también como un castillo de naipes a medida que esta información vio la luz, fundamentalmente a través de investigaciones del portal The Incercept.
La última mala nueva para Dallagnol se la dio la Sala Cuarta del Superior Tribunal de Justicia de Brasil que este martes, por 4 votos contra 1, condenó al ex procurador de la República a indemnizar en unos 75.000 reales en concepto de daño moral a Luiz Inacio Lula da Silva por el delito de “ataques a la honra”. El hecho se produjo cuando el titular del ministerio fiscal presentó mediante un Power Point lo que pretendió eran las pruebas de corrupción del exmandatario en la supuesta compra de un triple en Guarujá, San Pablo.
Fue en 2016, el momento de mayor gloria para el dúo Dallagnol-Moro. El procurador hizo una presentación a todo esplendor en un hotel de Curitiba frente a ávidos periodistas y embelesado por las cámaras de la Tevé. Lula pasó 580 días en prisión por esta y otras causas armadas con el mismo esquema y que también se fueron diluyendo como el agua entre las manos.
En cuanto a Dallagnol, los abogados del expresidente reclamaron por los términos que había utilizado para denostar al acusado en el Power Point en que describía la estructura de un sistema de coimas mediante círculos identificados con palabras. El relator del caso ante el tribunal, el juez Luis Felipe Salomao, consideró que había recurrido a “expresiones y calificaciones lesivas para la honra y de la imagen”. Había catalogado a Lula como de “un gran general” del esquema de Petrobras desde el que comandaba una “propinocracia” (coimocracia, se diría en estas tierras).
El “supremo” agrega que las palabras que usó “se apartaban de los términos típicos del derecho penal y del derecho procesal penal” y remata: “La precisión, certeza, densidad y coherencia que se exige en la denuncia se impone también en el acto de divulgar la denuncia”.
Otro juez de la corte, Raúl Araújo evaluó que “había demasiado poder (para los que investigaban en el Lava Jato). Actuó más allá de su competencia legal. El error original de todo esto se debió a ese típico juicio excepcional que se dejó funcionar en Curitiba. Se creó un juicio universal” que resulta inadmisible, concluyó.
La pena impuesta a Dallagnol -que todavía no está firme- fue de 75.000 reales más el incremento por inflación, con lo que el castigo llega a 100.000 reales (unos 20 mil dólares).