El gobierno turco anunció hoy la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos mientras dure el estado de emergencia que comenzó hoy, un periodo que podría ser de entre 20 y 45 días, menos de los tres meses anunciados.

La decisión se conoce en medio de una creciente ola de represión por parte de las fuerzas gubernamentales contra los sindicados como «golpistas» de la fallida intentona militar del pasado viernes, con una gigantesca purga que incluye despidos, censura y prohibición para salir del país.

Después del anuncio de ayer y la entrada en vigencia hoy del estado de emergencia, la Bolsa de Estambul acumuló hoy una pérdida del 3,6% en su índice principal, el BIST 100.

Con esta baja, la bolsa turca ya acumula una pérdida del 13% desde la asonada golpista del viernes y la cotización está en su punto más bajo desde hace cinco meses.

También la lira está sufriendo pérdidas y ayer cotizó a 0,3225 dólares, un mínimo histórico, en tanto que hoy la moneda turca se recuperó un poco y se cambia a 0,3275 dólares, un 7% menos que antes del golpe.

Frente a este panorama, que también incluye la incertidumbre de la gente común, el viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, explicó que la suspensión de la Convención se hará «como en Francia», en alusión a las medidas tomadas en ese país por la declaración del estado de emergencia por los atentados de los últimos meses.

En declaraciones a los medios en Ankara, Kurtulmus dijo que el Gobierno tiene como objetivo que el estado de emergencia sólo se prolongue durante 40 ó 45 días, y no los tres meses anunciados ayer por el presidente, Recep Tayyip Erdogan.
El jefe del Estado explicó ayer que la declaración de emergencia busca asegurar la democracia y localizar a los responsables de la intentona golpista del pasado fin de semana.

En ese sentido, Kurtulmus insistió hoy en que la declaración del estado de emergencia no significa la aplicación de la ley marcial y que los ciudadanos no se verán afectados.

«El derecho de reunión y manifestación no serán cancelados. No va a ver toque de queda, no habrá ningún retroceso en los avances democráticos», afirmó el vicepremier.

Kurtulmus prometió que el «Parlamento estará abierto y funcionando» y volvió a culpar del intento de golpe de Estado al clérigo islamista exiliado en Estados Unidos, Fethullah Gülen, del que dijo dirige una «organización terrorista», informó la agencia de noticias EFE.

«Su objetivo (de los golpistas) no era un golpe de Estado. Era matar al presidente Erdogan y conducir al país a una guerra a largo plazo con Siria», denunció.
Respecto a la petición formulada a Estados Unidos para que extradite a Gülen, Kurtulmus pidió a Washington que se ponga en el lugar de Turquía.
«Cómo se sentirían si un sacerdote hubiera tratado de destruir EEUU e ir a Turquía a vivir en una mansión», planteó.

En esa línea dura que planteó desde un primer momento Erdogan, hoy continuó la gigantesca purga que hasta ayer sumaba casi 50.000 despidos y más de 8.000 detenidos, suspendiendo a 29 miembros del órgano encargado de vigilar a los medios audiovisuales (RTUK), a quienes además se les prohibió abandonar la sede de dicha institución, según informa el diario Hürriyet Daily News.

Según el rotativo, se espera que aumente el número de suspensiones en el Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTUK).
Las extraordinarias purgas del gobierno turco tienen el objetivo declarado de «limpiar» las estructuras estatales, pero también instituciones privadas, sobre todo de enseñanza y medios, de supuestos seguidores de Gülen, al que Ankara acusa de orquestar la asonada.

Frente a esta situación, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) pidió hoy a las autoridades turcas que garanticen la seguridad de los periodistas y respeten el debate plural y las opiniones críticas.

«Con el pleno uso de mi mandato, insto a las autoridades turcas a que aseguren el debate plural y respeten las opiniones divergentes, además de la seguridad de los periodistas», expresó en un comunicado, Dunja Mijatovic, representante de Libertad de Expresión de la OSCE.
Turquía es uno de los 57 países miembros de esta organización internacional centrada en la seguridad y la prevención de conflictos.

La cancelación de licencias a 25 medios de comunicación, las investigaciones criminales contra los medios críticos, el despido de cientos de periodistas del canal estatal y el bloqueo de al menos 20 portales, son «los últimos desafíos graves a la libertad de expresión y de prensa en Turquía», según Mijatovic.
«Los Gobiernos elegidos democráticamente deben ser salvaguardados pero, a su vez, deben proteger la libertad de los medios de comunicación y apoyar el papel que los periodistas desempeñan para asegurar y fortalecer las democracias», insistió la dirigente.

Mijatovic recordó que Turquía es el país miembro de la OSCE que más periodistas tiene en la cárcel.