Titular de 59 causas abiertas por todo lo imaginable, y por ello consagrado como el mejor delincuente de Colombia, el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se convirtió al fin en un reo oficial. El martes 4, la Corte Suprema ordenó su prisión domiciliaria en la mejor de sus 61 estancias del noroccidental departamento de Antioquia. Aunque los defensores de los derechos humanos, las Naciones Unidas y hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos –que, sin embargo, nunca lo denunció– lo han definido como un asesino múltiple, el tribunal lo encausó por el inusual delito de manipulación de testigos que, tras vueltas y vueltas, desemboca en los más concretos delitos de soborno y fraude procesal.
Uribe es una figura pública única, una híper figura según le dicen los politólogos. Concejal, alcalde, gobernador, senador y presidente, desde los ‘90 del siglo XX recorrió y marcó todo el espinel, hasta confluir en el status único de delincuente. En estos tristes tiempos en los que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, como decía Einstein, Uribe sigue alimentando fieles que salen a las calles, convocados por las redes sociales para vociferar las mismas consignas tantas veces escuchadas en el Obelisco porteño o en el rosarino Monumento a la Bandera. Uribe es, como Mauricio Macri, uno de los socios de la Unión Internacional Demócrata regenteada por el Partido Republicano de Estados Unidos.
Los testimonios que la Corte Suprema tomó en cuenta para encausarlo definen al sujeto. Son pruebas expuestas al detalle por los peores asesinos, por los paramilitares que, así y todo, se han dado el lujo de acusarlo y ser creíbles. Sus relatos son muy precisos porque convivieron con él, y son dichos con mucha bronca porque fueron estafados por él cuando rompió los códigos del submundo del delito y empezó a mandarlos, extraditados, a Estados Unidos. A uno de ellos, que fue su empleado sin salario, hijo de un mayordomo de sus estancias, Uribe pretendió volver a comprarlo para que diera vuelta el testimonio. Eso es lo que la Corte definió como manipulación de testigos.
Su raid delictivo arranca a mediados de los ’90, cuando con el ejemplo de Alberto, su papá, monta en su estancia de Guacharacas el cuartel general del Bloque Metro de paramilitares. El retrato de familia muestra que el Bloque fue delineado junto con su hermano Santiago, que ya venía con la experiencia de haber creado Los 12 Apóstoles (ver aparte). Esos, como todos los comandos, nacieron como ejércitos privados de narcos y estancieros y, para el caso particular de Uribe y su familia, para sembrar el terror entre los campesinos y provocar el abandono de sus tierras para luego comprarlas a precio vil. Distintas fuentes fijan entre 4 y 5 millones (el 10% de la población del país) las personas que dejaron sus parcelas.
Iván Cepeda, el senador que envió a prisión al ex presidente, hizo un relevamiento que le permitió establecer que aquellas 61 estancias están a nombre de la sociedad El Ubérrimo. En ese paquete comprado a poco más que nada, la familia Uribe logró sumar 91.513 hectáreas que dedica básicamente a la ganadería. La investigación de Cepeda había comenzado en 2014, cuando como miembro de una comisión del Congreso visitó cárceles de todo el país. Allí recibió el testimonio de los paramilitares que acusan al ex presidente.
Uribe siempre fue generoso con sus aliados, a quienes premió facilitándoles la compra de tierras y haciendo que el narcotráfico financiara sus campañas electorales. En 2014 la relatora de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul de Albuquerque, denunció que en las elecciones de ese año habían sido 93 los congresales elegidos en lo que ya se conocía como la “parapolítica”. La diplomática había agregado que además había sumarios abiertos contra 249 diputados, gobernadores, alcaldes y concejales, en su casi totalidad uribistas.
Cepeda y Knaul, sumados, conformaron un paquete que “sensibilizó” a la Corte a iniciar el expediente que estalló ahora. Coincidió que ese año la poderosa Cadena Caracol también publicara una serie de correos desclasificados del FBI, en los que Chery Mills, embajador de Estados Unidos en Bogotá, le recordaba a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton (2010) cómo debí a comportarse en una inminente visita a Colombia. “Debe recordar –le decía– algunas preocupaciones que tenemos sobre Uribe por: 1) matanzas crecientes de civiles; 2) financiamiento de su coalición a través de la parapolítica; 3) su decisión de poner el espionaje estatal al servicio de paramilitares y narcotraficantes”.
Por ser ex presidente Uribe sólo puede ser investigado y sancionado por la Corte Suprema y por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, popularmente conocida como “La Inoperante”, un nombre que todo lo dice. De las 59 causas que lo involucran, 14 están en la Corte y 45 en La Inoperante. Como Al Capone, que terminó preso porque le debía unos pesos al fisco norteamericano, Uribe quedó al menos momentáneamente detenido por intentar manipular un testigo.
Retrato de familia
La primera, íntima relación de los Uribe con el delito data de febrero de 1984, con el hallazgo de un helicóptero de Alberto Uribe, padre de Álvaro, en el laboratorio de procesamiento de cocaína del célebre narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
La revista Semana, de Bogotá, recordó que Jaime Uribe, hermano de Álvaro, estuvo preso poco después, en 1986, cuando la inteligencia militar registró llamadas suyas a Escobar Gaviria.
Santiago, otro hermano de Álvaro, tiene un expediente abierto como líder del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, responsable de más de 100 asesinatos. Santiago fue denunciado por The Washington Post el 24/5/2010. “Siempre tuvo negocios de drogas”, dijo el diario, citando al narco Juan Carlos Sierra, detenido en Estados Unidos.
Álvaro niega ser cuñado de Dolly Cifuentes Villa y tío de Ana Uribe Cifuentes, viuda e hija de su hermano Jaime. Ambas dirigían el Clan Cifuentes Villa, socio del mexicano Joaquín Chapo Guzmán (Cartel de Sinaloa). Dolly fue entregada a Estados Unidos el 7/8/2012.
Mario Uribe, primo hermano de Álvaro, cumple desde el 19/7/2012 una condena de nueve años y medio de cárcel por sus vínculos con los comandos de ultraderecha. La Sala Penal concluyó que los carteles de la droga y los paramilitares financiaron la campaña electoral del primo Mario para acceder al Senado en 2002.
