Con la presencia del secretario de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en persona, el gobierno de Juan Manuel Santos intenta este fin de semana sentar al menos las bases para un acuerdo definitivo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que implique un cese definitivo de las armas.

El panorama no es bueno. El gobierno lo acusa de perpetrar ataques terroristas a pocas horas del vencimiento de la tregua militar, fijada para las 0 horas del miércoles pasado. En tanto, la nueva fuerza política y exguerrilla, FARC, sigue padeciendo la persecución y matanza de sus líderes; además las excarcelaciones y emprendimientos productivos acordados en el documento firmado en noviembre de 2016 que son parte del proceso de inserción social de sus miembros no se está cumpliendo, según denuncian dirigentes vinculados con los procesos de paz. La percepción es no sólo que «la guerra no se ha acabado», sino que en ciertos aspectos se está recrudeciendo. La situación es «de total incertidumbre, puede pasar cualquier cosa», confían a Tiempo dirigentes colombianos bajo reserva para preservarse de posibles represalias.

La agenda de Guterres comenzaba ayer, en lo que fue su primera visita al país caribeño, e incluía reuniones con Santos y con activistas de diferentes organizaciones sociales y representantes de la Iglesia Católica. El programa concluye con una conferencia de prensa prevista para esta noche donde se anunciarán los resultados.

Santos había decidido el regreso desde Quito –donde se instaló la mesa de diálogo con el ELN– del recientemente designado jefe de negociadores del gobierno, Gustavo Bell, tras los ataques atribuidos a esa organización, que causaron la muerte de un soldado y heridas a otros dos.

«Inexplicablemente el ELN no sólo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas, justo el día en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones», dijo Santos en un discurso. Sin embargo, luego de conocer la intención del secretario general de la ONU, cambió de rumbo y pidió a Bell que mantenga la mesa en Quito y trabaje en la renegociación de la tregua. Lo anunció el propio negociador, quien no ahorró críticas a la guerrilla. «Deploramos que, a pesar del clamor de la comunidad nacional e internacional y nuestra disposición expresa por mantener y prorrogar el cese al fuego, el ELN haya optado por reanudar sus acciones ofensivas», dijo Bell.

Para un analista colombiano consultado por Tiempo, dentro del ELN «hay consenso sobre mantener los diálogos de paz, pero también llegaron al consenso de que el cese bilateral del fuego los está afectando a ellos, entonces hay que renegociarlo». Es porque el cese bilateral no tiene control sobre las acciones de las fuerzas paramilitares, que intensificaron sus ataques contra campesinos y guerrilleros.

Varios frentes

El portugués Guterres llega a Colombia con otro frente de conflicto. Días atrás recibió un informe de la labor de la Comisión de Naciones Unidas Verificadora del Proceso de Paz en Colombia en el último trimestre de 2017, que expresa la preocupación por los crímenes contra líderes sociales, defensores de los derechos humanos y exguerrilleros de las FARC, que no cesan a pesar del proceso de desmilitarización de la histórica organización. El documento resalta la importancia de los proyectos productivos y el acceso a la tierra para los que integraron la FARC-EP, convertida desde septiembre de 2017 en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La ONU resaltó que la reincorporación exitosa a la sociedad de los exguerrilleros es clave para la estabilización de las áreas más afectadas por el conflicto armado. Justamente es lo que los dirigentes critican que no se está instrumentando. «Hay campamentos de transición que están siendo abandonados porque los proyectos productivos no llegan y los subsidios que dan son inferiores a un salario mínimo», comentan a Tiempo.

El documento de la ONU también insta a garantizar la seguridad de los candidatos de los diferentes partidos en un año electoral (parlamentarias y presidenciales) que se anticipa violento. «En este país, durante los años electorales suben los picos de asesinatos a dirigentes», comentó el analista consultado. «