A pesar del contundente fallo que lo excarceló por respeto a sus fueros parlamentarios, las autoridades del Congreso bloquearon la toma de posesión de la banca del senador exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, quien había sido beneficiado por una de las dos sentencias de la Corte Suprema colombiana del miércoles último, que sacudieron los cimientos del espacio de extrema derecha liderado por el expresidente, Álvaro Uribe, y pusieron en jaque al gobierno de Iván Duque. Por un lado, el tribunal determinó que la investigación por la que la justicia estadounidense lo acusa de planificar un envío de cocaína a Estados Unidos, puede continuar con Santrich libre.
Su banca fue obtenida en las últimas elecciones en representación de la reconvertidas FARC en partido político bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero nunca pudo acceder a ella porque fue detenido antes de la toma de posesión. El viernes, Santrich y su partido intentaron formalizar esa asunción pero la mesa directiva de la Cámara de Representantes, encabezada por el liberal, Alejandro Chacón, resolvió que antes debía expedirse la sala de casación penal de la Corte sobre dos cuestiones: qué procesos se adelantan contra Santrich en dicho tribunal y certificar si «ha sido vinculado formalmente en Colombia a procesos penales».
«Van a colocar todos los obstáculos para no dejarlo posesionar», explica un dirigente de DD HH cercano a las FARC. La respuesta al pedido de la presidencia, analizan en Bogotá, llevará varios días. Teniendo en cuenta que el próximo 20 de junio el Congreso entrará en receso, las posibilidades para Santrich se acotan. «El triunfo no fue completo», reflexiona el dirigente consultado por Tiempo. Si bien el ingreso de Seuxis Paucias Hernández Solarte (nombre real de Santrich) al Senado no cambia sustancialmente el escenario político ni la relación de fuerzas en Colombia, se trata de un hecho altamente simbólico para las fuerzas de la izquierda opositora y para quienes reclaman la rápida implementación de los procesos de paz. Y sin duda representa un golpe para el ya debilitado Duque, quien fue uno de los principales impulsores de la detención de Santrich, a quien llama «narcotraficante», cargo que el senador y su partido niegan rotundamente.
Por otro lado, el fallo del alto tribunal cerró definitivamente la puerta a los reparos planteados por el mandatario a la jurisdicción especial, y le ordenó promulgar la ley que sustenta el sistema de justicia de paz, columna vertebral del histórico pacto. «Acato la decisión», dijo Duque, aunque sin renunciar a su propósito de «corregir las cosas que no están saliendo bien». Desde asumido, Duque se empecina en modificar lo pactado con la disuelta guerrilla, tal como prometió en campaña. Argumenta que el sistema deja en la impunidad a los responsables de delitos atroces e impiden la extradición de narcotraficantes, lo que siempre fue catalogado como falso por los defensores del pacto. El Congreso, hasta el momento, tampoco lo ha acompañado. Pero ahora el presidente colombiano deberá lidiar con el frente abierto en su propio partido, cuyas acciones de propaganda contribuyeron a que los colombianos votaran por el No en el plebiscito impulsado por el entonces presidente Santos, en 2016.
«Esto crea unas tensiones evidentes entre la justicia colombiana y el Centro Democrático, partido de gobierno», señala María José Pizarro, diputada de Colombia Humana, liderada por el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro. «Yo creo que el presidente queda en una situación de presión, porque no puede desconocer los acuerdos ni los compromisos de Estado, pero tampoco puede darle la espalda a su partido de gobierno, de ahí las declaraciones ambiguas que ha tenido», fundamenta Pizarro. En esas tensiones, no se descarta la presión que pueda ejercer el gobierno de Estados Unidos, pese a que en declaraciones formales el Departamento de Estado que dirige un habitual visitante en Colombia, Mike Pompeo, afirmó que «respeta» la decisión de la Corte. Los dirigentes colombianos aguardan con atención la llegada del nuevo embajador Philip Goldber, un «halcón» que fue expulsado en 2008 de Bolivia por «conspirar» contra Evo Morales, y que tiene la oscura experiencia de haber coordinado en Bogotá el Plan Colombia.
En tanto en los territorios antes ocupados por la guerrilla continúan proliferando fuerzas paramilitares. Según datos oficiales son al menos 6300 hombres en armas, poco menos de los 7000 que tenía la disuelta FARC. A su vez, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU alerta sobre un fuerte aumento del número de líderes sociales asesinados en Colombia: 51 casos sólo en los primeros cuatro meses de este año y teme que la situación empeore para las elecciones municipales de octubre próximo. «
Objeciones
A pesar de que el Congreso aprobó la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, Duque se negó a promulgarla presentando seis objeciones. Ahora la Corte lo obliga a hacerlo sin modificar la ley.
