El gobierno de Colombia ofrece casi 1 millón de dólares ($ 3000 millones de pesos) por información sobre el paradero del congresista exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, desaparecido desde el 30 de junio. Pero a la vez, el presidente Iván Duque reduce severamente el presupuesto del llamado Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, el órgano de justicia transicional para la reincorporación de excombatientes a la vida legal y pública.
Dirigentes del arco opositor, de la izquierda colombiana –incluida FARC, hoy partido político- y de organizaciones defensoras del acuerdo de paz, denunciaron que el presupuesto 2020 del gobierno de Duque da muestras de que su política es alejarse cada vez más de los acuerdos firmados en 2016. Aprovechando la presencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que llegó el jueves al país, los organismos manifestaron también la preocupación por los permanentes asesinatos a guerrilleros reincorporados. Según FARC ya son 137 casos, que se suman a crímenes perpetrados contra unos 600 líderes sociales, por lo que se realizará una marcha “Por la vida” el próximo 26 de julio. El movimiento Defendamos la paz anticipó la reunión con el Consejo de Seguridad realizada el viernes con un documento pidiendo “garantías para quienes dejaron las armas”. En el texto da cuenta de que la falta de implementación de mecanismos previstos en el Acuerdo Final está poniendo en riesgo la vida de miles de personas. “Los crímenes contra personas que están en proceso de reincorporación constituyen una de las más serias amenazas contra el proceso de paz, pues buscan minar la confianza en el mismo, y con ello, promover el retorno a las armas”, señaló el organismo. Días atrás, el senador de FARC, Carlos Lozada, acaso la figura más relevante de esta etapa política de la otrora fuerza guerrillera, denunció ante la Fiscalía General un plan “para asesinar a altos dirigentes” de su partido. Lozada dijo que tenía pruebas e indicios de la puesta en marcha de este plan y se incluyó entre quienes podrían estar en riesgo.
Para FARC, la desaparición de Santrich es una piedra en el zapato. “Nos decepciona y nos lastima”, señaló en un comunicado.
Santrich debía presentarse el martes ante la justicia por una acusación de supuesto narcotráfico posterior a la firma del acuerdo. Su desaparición, registrada desde el 30 de junio, podría deberse a dos cuestiones, según fuentes consultadas bajo reserva. Una es que no sienta las garantías suficientes como para preservar su vida, o bien su libertad, ya que asegura que es “falso” el proceso que se le sigue. La otra es haber sido secuestrado por fuerzas paramilitares contrarias al acuerdo, según cree parte de su familia. La hipótesis del gobierno es muy diferente. Duque cree que Santrich pudo haber huido a Venezuela para eludir responsabilidades judiciales. «Esa probabilidad es real porque está cerca de la zona donde él huyó y nosotros estamos monitoreando esto con todas las autoridades», dijo el presidente. En tanto, la Corte Suprema de Justicia dispuso una orden de captura contra el exguerrillero, quien tiene 52 años y es disminuido visual, y pidió a Interpol la circular roja para su detención. «
