La ceremonia de firma del acuerdo final de paz entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y los representantes de las guerrillas, encabezadas por las FARC, se realizó el 26 de septiembre de 2016. A poco más de cuatro años de ese simbólico episodio que, supuestamente, le coronaba un final al conflicto que se llevó miles de muertos, una misión de verificación de la ONU reportó que desde aquella firma se han cometido 248 asesinatos de excombatientes de las FARC. Asimismo el organismo reclamó al estado colombiano más avances en la seguridad de los exmiembros de la guerrilla desmovilizados en el marco del acuerdo. El trabajo detalla que solamente en 2020 se verificó el asesinato de al menos 73 antiguos combatientes. La ONU, a través de su enviado para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, remarcó que la violencia contra los excombatientes y líderes sociales y comunitarios es ahora mismo “la mayor amenaza a la construcción de la paz”, por lo que deben lograrse “mejoras efectivas”.
Justamente en las últimas horas se supo de un nuevo asesinato, en este caso, de la lideresa social colombiana Linda Patricia Díaz, quien tenía una extensa militancia y experiencia en el municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia. Fue ejecutada por hombres armados, reseña un informe. Por otra parte, Linda fue candidata al Concejo Municipal de Cáceres por el Partido Unidad a las elecciones regionales de 2015, así como también fue una reconocida trabajadora de las Instituciones de Educación Superior (IES).
Su muerte añade una víctima más a la larga lista de más de 1.100 asesinatos de líderes sociales en Colombia en los últimos años. Y si sólo se considera este 2021 ya son 12 los militantes sociales en apenas tres semanas que fueron muertos por bandas parapoliciales armadas.
Esta situación de violencia extrema se suma a otro flagelo que también azota a Colombia, igual que al resto del mundo, como es el Covid 19: en el país ya se superaron las 50 mil muertes y se teme por una crisis sanitaria aún más grave, ya que por estas horas se ven ocupadas más del 79% de las camas de cuidados intensivos.
