La policía en Colombia depende del Ministerio de Defensa y no del gobierno o el de Justicia, como ocurre en la mayoría de los países. Por eso, por sus actuaciones y por sus delitos, los agentes son investigados y eventualmente sancionados en la Justicia militar, incluso a pesar de que en la Constitución y el Código Penal la policía figura como un ente civil.
Otra vez la brutalidad y la ausencia de límites de la fuerza pública se evidenció este martes en el asesinato de Javier Ordóñez, un abogado de 45 años, sometido por dos oficiales de Bogotá de un modo que hizo recordar al episodio de George Floyd que derivó en masivas protestas en EE UU y en muchas otras partes. Del mismo modo, en los días sucesivos se produjeron, en esa ciudad colombiana y varias otras, graves enfrentamientos con las fuerzas policiales, que arrojaron diez muertos, siete de ellos en Bogotá y tres en Soacha, un municipio cercano. También resultaron heridos 209 civiles y 194 policías. La consigna que fue creciendo hasta hacerse central fue “No nos disparen más”.
Justamente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, opositora al gobierno central, progresista y férrea militante en cuestiones de género, se mostró perturbada y aseguró: “Lo que ha sucedido es una auténtica masacre con los jóvenes de nuestra ciudad. Son diez muertos, 119 denuncias documentadas de ciudadanos que manifiestan haber sido víctimas de agresión, abuso policial o de disparos hechos por miembros de la Policía”.
