Mientras el presidente sandinista, Daniel Ortega, se toma el tiempo que solicitó para responder a la propuesta de «democratización» planteada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en su reunión del viernes, la crisis en Nicaragua creció en los últimos días con más manifestaciones violentas que llevaron la cifra de muertos reportada por organizaciones no gubernamentales a 146.

La influyente, Rosario Murillo, envió el lunes un mensaje de solidaridad a las familias y reiteró el compromiso del gobierno para restaurar la paz. «Solidaridad con quienes estamos sufriendo, con quienes hemos sido afectados de una u otra forma por estos tiempos de oscuridad que nadie quiere, con las familias que han perdido seres queridos y ven limitada su movilidad», señaló. En tanto, el presidente de la CEN, cardenal Leopoldo Brenes, volvió a exhortar “a las autoridades a detener los ataques contra la población” y a formular “un llamado a seguir buscando la paz en un ambiente pacífico y no de violencia”. Para la oposición, la única salida es que Ortega interrumpa su mandato (finaliza en 2022) y convoque a elecciones anticipadas.

Estos son algunos puntos para contribuir a la comprensión del conflicto.

¿Cómo se originó el conflicto?

El 16 de abril el gobierno de Ortega anunció modificaciones en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una reforma tendiente a sanear la caja provisional, según las autoridades, que reformulaba los tributos de empresas y trabajadores al sistema público. Elevaba de 19 a 21% la cuota patronal a partir de julio, 1 punto más a partir de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales desde 2020, hasta alcanzar el 22,5 %. También incrementaba en 0.75 puntos (a 7 %) el aporte de trabajadores. A los jubilados tocaba aportar un 5 por ciento de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades y había unas variaciones con respecto a asignaciones familiares con aumentos o disminuciones leves según el caso.

La medida fue tomada meses después del informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero el gobierno no tocó la edad de la jubilación, desde los 60 años, cambio con que el FMI venía insistiendo. Sin embargo generó malestar en parte de la población pasiva. Pero la mayor reacción fue de parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y fue acompañada por gremios estudiantiles que comenzaron las primeras manifestaciones en las calles con el argumento de que se trataba de un ajuste a los trabajadores.

¿Qué demanda la oposición?

Frente a las reacciones en contra, el gobierno retiró la reforma, aún así se produjeron marchas que culminaron con decenas de muertos, cientos de heridos y destrozos a edificios. La tensión aumentó cuando la militancia sandinista copó las calles para manifestarse a favor del gobierno. Los hasta ahora casi 150 muertos fueron producto de la represión policial y la acción de grupos violentos, que la oposición señala como fuerzas “parapoliciales” oficialistas. El gobierno niega apañar a estos grupos, en cambio denuncia un intento de golpe de estado y la construcción de un escenario violento de parte de la derecha, en un país donde la agresión callejera no es poco frecuente. “Se utiliza la marginalidad para confrontar al poder político (…) Tenés gente en la calle haciendo lo que quiere, por iniciativa propia, empujado por otros, y ese desborde es un círculo vicioso que va creciendo y creciendo”, analizó el exjefe policial y actual consultor en seguridad Francisco Bautista Lara.

El principal sector político de la oposición, el Partido Liberal Constitucionalista, se sumó al reclamo de renuncia, como viene pidiendo hace años. En su rol de facilitadota del diálogo, la Iglesia Católica llevó la propuesta de 40 puntos, entre los cuales también figura una reforma constitucional, la elección de nuevos jueces del Consejo Supremo Electoral.

Situación económica

Desde que el sandinismo volvió al poder en 2007, la economía nicaragüense experimentó un crecimiento que ayudó a disminuir los índices de pobreza y aumentar la tasa de empleo, con políticas de subsidios tarifarios e incentivos a las empresas. También gracias a una alianza estratégica con Venezuela en materia petrolera. El FMI, en su último informe, preveía un crecimiento de 4.7% para 2018, cerca de su crecimiento récord de 2011 (5.1%) con una inflación de 6.3%. El Banco Mundial afirmaba días antes del estallido que el pronóstico para 2018 se situaba “en 4.4%, con lo que Nicaragua se coloca en el segundo lugar de crecimiento entre los países de Centroamérica, con perspectivas favorables para la inversión extranjera directa y el comercio”. Aún así, el último año y medio se registró una caída en la inversión pública que impactó en la economía doméstica, sobre todo por la crisis en Venezuela y las sanciones impuestas por Estados Unidos, que bloquean el acceso a créditos externos.

¿Quién es Daniel Ortega?

Es el histórico comandante revolucionario quien al mando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó en 1979 al dictador pro estadounidense Anastasio Somoza y fue ungido presidente por el voto popular para el período 1985-1990. Volvió al poder en las elecciones de 2006 y gobierna desde entonces habiendo sido reelecto en tres oportunidades. Se llama a sí mismo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y se asume cristiano y humanista. Se atribuye haber disminuido los índices de violencia callejera. Además de algunos logros económicos, despenalizó la homosexualidad, haciéndose cargo de una histórica deuda con la sociedad, aunque mantuvo y reforzó la condena al aborto vigente desde 2016. La oposición lo acusa de “dictador” y “corrupto”. Le critican ejercer con abuso de autoridad; practicar el nepotismo porque miembros de su familia ocupan cargos públicos y son dueños de medios de comunicación; que no garantiza la libertad de expresión y hasta que recibe dinero del narcotráfico, según el propio Departamento de Estado de EEUU. Su esposa, Rosario Murillo, fue funcionaria clave hasta que en las últimas elecciones accedió a la vicepresidencia. En esos comicios, Ortega ganó con el 72%. La oposición denunció fraude y es una de las razones por las que Estados Unidos impuso sanciones, en este caso, al presidente del Consejo Supremo Electoral por haber facilitado el supuesto fraude y haberse enriquecido gracias a su función.

¿Cuál es la posición de otros países?

Con el manifiesto apoyo de Venezuela y la neutralidad de algunos países del Caribe, varias naciones empezaron a accionar contra Nicaragua. Los gobiernos de Colombia, Costa Rica y México reclamaron el fin de la crisis, y las líneas aéreas American Airlines y Copa suspendieron sus vuelos nocturnos a Managua procedentes de Miami y Panamá.

En la última Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), los países aprobaron un documento que brinda “solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua”, pero a diferencia de su postura frecuente ante Venezuela, mantiene un tono cauto sin señalar responsabilidades. El texto “condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general; y sus condolencias a las víctimas de la violencia reciente y a sus familias” y llama “a todos los actores políticos y sociales para que se abstengan de destruir la propiedad” y “al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país”. Habla de “no intervención” y menciona, como al pasar, la posibilidad de enviar una misión de “observación electoral”, previendo que ese sea el final del conflicto.

El organismo participa desde el comienzo, con misiones en el país y la creación del Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También, a diferencia de la situación con Venezuela, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, mantuvo un tono medido frente al tema, al punto incluso que la oposición le reclama mayor “dureza” en sus declaraciones.