Un fantasma recorre Chile, el fantasma de la derecha liberal, la apertura de mercado, el ajuste y el retroceso de derechos adquiridos. Aun así, una gran parte de la población chilena parece dispuesta a ese cambio. Es que el expresidente Sebastián Piñera es el candidato favorito para ganar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias de hoy: su coalición Chile Vamos alcanza un porcentaje de intención de voto que ronda el 40% y lidera también la intención en una eventual segunda vuelta. Y dependiendo de cómo se comporte el electorado con una tendencia abstencionista que alarma al gobierno, el tercer empresario más rico de Chile, según Forbes, tendría chances de suceder a Michelle Bachelet sin necesidad de pasar al balotaje, aunque esa es una posibilidad remota.
Piñera aventaja con el doble de intención de voto al candidato de la alianza oficialista Nueva Mayoría, el senador, sociólogo y expresentador televisivo, Alejandro Guiller, un presidenciable que parte aguas en las fuerzas progresistas chilenas e incluso dentro de la propia Nueva Mayoría, ya que tras ganarle la interna a Carolina Goic, esta se abrió de la coalición gobernante para llevar una fórmula propia representando a su partido, la Democracia Cristiana. Aunque está muy lejos de los candidatos principales, cosecha apenas el 5% en las encuestas, según los últimos números de Plaza Pública publicados el 3 de noviembre, ya que la ley electoral prohíbe divulgar sondeos 15 días antes de los comicios.
En total son ocho los candidatos que se disputarán la voluntad de 13,5 millones de electores habilitados. En su mayoría identificados con espacios progresistas, de izquierda y centroizquierda, con excepción de Piñera y de José Antonio Kast, que se presenta como independiente y representa a la derecha más rancia, que promulga erradicar a «la izquierda» del país, reivindica al dictador Augusto Pinochet, tiene un marcado discurso antiabortista y critica a Piñera por «blando». Kast reúne cerca del 6% de intención de voto.
La candidata que más se acerca a los punteros, aunque sin posibilidad aparente de romper la tendencia, es la también periodista Beatriz Sánchez quien, para alguien que debuta en la política, cosecha un estimulante tercer lugar en las encuestas con cerca del 13% representando a la coalición de izquierda Frente Amplio. El conocido líder progresista Marco Enríquez-Ominami, que supo ser la tercera alternativa en elecciones anteriores, cayó a un 6% de intención de voto. Es su peor escenario electoral, afectado por acusaciones que lo involucran con el escándalo de la brasileña Odebrecht, denuncias que afirman que habría recibido aportes para su campaña de 2013.
Los últimos dos candidatos comparten un 5% de intención de voto. Son Alejandro Navarro, del partido País, que plantea entre sus ejes centrales sancionar una nueva Constitución y el reconocimiento a los pueblos originarios, un conflicto de larga data sobre todo con el pueblo mapuche. Finalmente, Eduardo Artés se presenta encabezando la Izquierda Revolucionaria. Este profesor que preside el partido Unión Patriótica, logró quintuplicar su temprano 1% de intención de voto con una prédica industrialista y promoviendo «la educación gratuita y centrada en valores populares antiimperialistas». Los indecisos rondan el 10% del electorado.
Entre los grandes temas de debate, la campaña está atravesada por la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo; la eficiencia estatal y en una economía alicaída desde 2015 fundamentalmente por la caída del precio del cobre en los mercados mundiales.
El último encuentro televisivo en que participaron los ocho candidatos, el que dejó una mejor imagen en la población fue Piñera, con su discurso eficientista y crítico de la presidencia de Bachelet. El empresario utiliza la palabra libertad como un valor a recuperar. Y no es que en Chile no la haya. Lo que Piñera propone es liberar aun más el mercado, abrirlo a capitales extranjeros y ajustar el costo fiscal. Está en contra de la gratuidad universitaria y sanitaria, aunque propone reformas estructurales a nivel de la salud para mejorar la atención pública.
Piñera, que fue presidente entre 2010 y 2014, tiene la ventaja de que el gobierno saliente no goza de excelente imagen, que a pesar de haber crecido en las últimas semanas, no logra un nivel de impacto. Un 58% desaprueba la gestión y sólo el 36% la aprueba, pese a importantes reformas instauradas en los últimos tramos, sobre todo en materia de educación. «Bachelet comenzó a desmantelar la educación de mercado de Pinochet», declaró hace poco Camila Vallejo, exlíder estudiantil y actual diputada que se presenta a reelección. Vallejo, miembro del Partido Comunista chileno, valora del gobierno lo actuado «en materia educacional, laboral, tributaria, de los derechos de la mujer». Pero también coincide en el «diagnóstico» que se escucha en las calles: «En Chile hay desigualdad, injusticia social, concentración del poder, privilegios para muchos, y no se han garantizado derechos fundamentales para otros». Aun así, «un eventual gobierno de Piñera significaría un retroceso significativo a los avances que hoy en día benefician a una gran parte de nuestra población y reforzaría el gran problema que tiene Chile, que es la concentración del poder económico y el libertinaje de la clase empresarial», señala la joven dirigente.
Si los pronósticos más conservadores se cumplen, habrá una segunda vuelta el 17 de diciembre. Plaza Pública midió la intención de voto para una eventual contienda entre Piñera y Guiller, y el resultado favorece al primero por un 50% contra el 38% y el 12% de indecisos. Guiller se deberá esforzar en reunificar al progresismo para torcer esa tendencia, aunque parte de ese espacio no confía en este senador que llegó a su banca como independiente. Enríquez-Ominami recordó en campaña que en elecciones anteriores, el posible sucesor de Bachelet llamó a votar por Piñera.
El abstencionismo puede alcanzar niveles superiores al 50%, según las consultoras. La presidenta ha hecho enérgicos llamados a la participación electoral, que desde 2012 es optativa. La participación de 2013 no alcanzó el 36%, lo que sitúa al país en el último lugar de América Latina respecto a este índice, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). «
