Miles de personas manifestaron este lunes en la céntrica Plaza Italia de Santiago y las protestas se mantuvieron en varios puntos de Chile, tras un estallido social que deja 11 muertos y cientos de heridos desde la semana pasada, obligando a decretar toque de queda por tercer día consecutivo. «Que se vayan los milicos», gritaban los manifestantes en abierto desafío a las fuerzas militares y policiales que resguardan en gran número el centro de la capital chilena, bajo estado de emergencia. Mientras, el presidente Sebastián Piñera habló en cadena nacional y realizó una larga lista de promesas para calmar los ánimos y a la vez, convocó a los partidos políticos de la oposición a un diálogo urgente.
Bailando, caceroleando y aplaudiendo con fuerza cada vez que sobrevuela un helicóptero militar, los manifestante coreaban: «Ohhh…Chile despertó; Chile despertó…». Adrián Castillo, un dentista de 30 años, que portaba una pancarta en que le leía: «fuera Piñera». Y señaló: «Va a correr sangre. Nos cerraron las puertas de todas las cosas».
Y pese a los llamados a la calma del gobierno, la intensidad de las protestas no cede, obligando a las autoridades a decretar por tercer día consecutivo un toque de queda en Santiago y otras ciudades del país. Hasta el momento, «la cifra de fallecidos oficiales que tenemos que lamentar en estos últimos dos días es 11», dijo Karla Rubilar, intendenta de la Región Metropolitana. Las muertes han ocurrido en su mayoría a causa de incendios de instalaciones en medio de los extendidos saqueos. El Partido Comunista denuncia la muerte por un disparo policial de un joven ecuatoriano en la cuidad de La Serena.
El ministro de Salud, Jaime Máñalich, informó que hay 239 civiles heridos, ocho de ellos en riesgo vital. El titular de la cartera de Interior, Andrés Chadwick, dijo que 50 policías y soldados también resultaron heridos, en tanto la Fiscalia dio cuenta de 2.151 detenidos en todo Chile. El Instituto de Derechos Humanos reporta en tanto 37 heridos por arma de fuego.
Día laboral a medias
En un ambiente de gran tensión, con varios focos de protesta, los chilenos abordaban el primer día laboral tras el estallido de las manifestaciones más violentas desde el retorno a la democracia en 1990 con el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Muchos empleadores cancelaron las jornadas de trabajo y las clases estaban suspendidas en prácticamente todos los colegios y universidades.
Las autoridades calcularon en 20.000 los puestos de trabajo afectados por la destrucción y la bolsa de Comercio de Santiago cerró con una caída de 4,61%. Si el detonante del conflicto fue el aumento de la tarifa del metro, con el correr de las horas las protestas se hicieron eco de otras reivindicaciones en una sociedad que incuba desde hace años descontento con un modelo económico cuyo acceso a la salud y a la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y alza de los servicios básicos.
«La gente está aburrida, está cansada, está dolida porque es mucho», dice Solange, una maestra que se manifestaba en el centro de Santiago.
El gobierno ha condenado la violencia y llamado a la calma pero el presidente Sebastián Piñera, que hasta hace pocos días se refería a Chile como un «oasis» de tranquilidad, afirmó la noche del domingo que el país se encontraba «en guerra contra un enemigo poderoso». En el centro de Santiago se observa gran presencia militar y policial. Algunas tiendas abrieron sus puertas, pero la mayoría de los supermercados y centros comerciales permanecían cerrados o abrían parcialmente.
En algunos supermercados, las personas hacían largas filas para abastecerse de víveres. En las gasolineras había enormes colas de vehículos para cargar combustible. La violencia de las protestas tiene a muchos perplejos, con miedo, aunque también expectantes de los cambios que se pueden venir tras el estallido.
«Se veía venir esto. El gobierno no ha hecho nada, no era solo el pasaje de metro lo que gatilló esto y terminó en vandalismo. Si el gobierno no hace cosas contundentes, medidas para mejorar los sueldos, la salud, las pensiones…», dijo a la AFP, Carlos Lucero, de 30 años, vendedor de sándwiches en el céntrico paseo Ahumada.
