Como hacía mucho tiempo no ocurría, la avenida Alameda fue el epicentro de las protestas de decenas de miles de chilenos, de distintas extracciones políticas y clases sociales, manifestándose en contra de una medida implementada por la dictadura pinochista: el sistema previsional privado. Lo que, a su vez, también debe leerse como un decisivo aval a la reforma jubilatoria que intenta llevar adelante el gobierno de Michelle Bachelet.

Convocados por la Coordinadora de Trabajadores, y sin más banderas que no fueran otras con consignas como “No más AFP”, “Basta de abusos” y “Exigimos pensiones dignas”, más de 150 mil personas en todo el país demandaron retornar al anterior sistema solidario o de reparto que era manejado por el Estado, en el que se acumulaban en un fondo común los aportes de los trabajadores para su retiro.

Desde 1981, el actual sistema de pensiones opera como una cuenta de ahorro forzoso, en la que los empleados aportan a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) el 10% de sus sueldos y al final de su vida laboral reciben jubilaciones que, acusan, son muy menores a las remuneraciones que percibían en su calidad de activos. Las AFP administran 150.685 millones de dólares que aportan los trabajadores para sus jubilaciones y que estas empresas invierten en acciones o renta fija, cuyas pérdidas son asumidas por los cotizantes, quienes ven reducidas sus pensiones, lo que en muchos casos los obliga a seguir trabajando después de haberse jubilado.

Imposible resulta no establecer un paralelo con lo sucedido en nuestro país. Cuando Menem privatizó las jubilaciones lo hizo tomando el modelo chileno como ejemplo. Su fracaso estrepitoso, llevó al kirchnerismo a reestatizarlas en 2008, implementando además una doble actualización anual por ley, que mantuvo a los ingresos de la clase pasiva en valores acordes al costo de vida hasta la devaluación de más del 50 por ciento decidida por el actual gobierno.

Hoy, en Chile, quienes reclaman un cambio dicen cosas como estas: «Este es un sistema de porquería manejado por las AFP chupasangre que nos roban nuestros ahorros y que al final nos entregan una jubilación de miseria. Demandamos un sistema de reparto solidario en el que los trabajadores activos financian a los trabajadores pasivos como ocurre en Argentina y en tantos países».