El suicidio del expresidente peruano Alan García marca un punto de inflexión en el caso Odebrecht en general, y en particular en el Perú. Es el primer exmandatario peruano que se quita la vida y el primero en el contexto de la investigación de corrupción vinculada con la megaconstructora brasileña, que en 2016 admitió haber pagado sobornos por 788 millones de dólares en una decena de países latinoamericanos y dos africanos, desparramando causas y persecuciones judiciales contra funcionarios y exfuncionarios en la región.
Si bien casi ningún país sudamericano está fuera del alcance de la investigación, Perú se destaca por tener entre los acusados a cuatro expresidentes, además de otros dirigentes. Uno de ellos, Pedro Pablo Kuczynski, fue forzado a renunciar justamente por este caso el año pasado, después de menos de dos años de mandato tras ser electo en 2016. El miércoles pasado, el mismo día que Alan García se disparó en la cabeza cuando fueron a buscarlo para detenerlo por orden judicial, Kuczynski, de 80 años, fue hospitalizado de emergencia en una clínica de Lima por «una alteración cardíaca, un cuadro de presión arterial bastante elevada» y el Ministerio Público de Perú solicitó la prisión domiciliaria.
La constructora declaró que desembolsó en Perú un pago de U$S 29 millones en coimas. La Justicia investiga también el financiamiento de las campañas de los exmandatarios Ollanta Humala, Alejandro Toledo, García y Kuczynski. Según información del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, la empresa entregó un total de U$S 4,2 millones para financiar a los candidatos (3 millones para la campaña de Humala en 2011; 700 mil para la campaña de Toledo en 2011; 300 mil para la campaña de PPK en el 2011; y 200 mil para la campaña de García en el 2006).
A Kuczynski también se le adjudica una supuesta conexión con Odebrecht cuando era ministro de Alejandro Toledo (2001/6), quien se exilió en EE UU, mientras Perú demanda la extradición, acusándolo de recibir U$S 20 millones en coimas, según funcionarios de Odebrecht. Humala, por su parte, estuvo preso nueve meses. Mismo destino le esperaba a García, a quien iban a detener preventivamente por diez días.
A la causa se suma la campaña de 2011 de Keiko Fujimori (U$S 1,2 millón), hija del exdictador Alberto Fujimori: se encuentra detenida desde noviembre ya que es investigada por supuestamente liderar una organización conformada por otros miembros de su partido para disfrazar aportes de Odebrecht como ganancias de actividades proselitistas.
La muerte violenta de García conmocionó al país, ya que no estaba esclarecida su culpabilidad. El mismo juraba inocencia y hasta había adelantado, de alguna forma, en redes sociales y en entrevistas, que no soportaría un encarcelamiento. «Ningún documento me menciona; puedo decirles que yo, para robar, no nací; sé que muchos peruanos lo creen porque así se ha repetido y es la manera de criminalizar a un político que les ganó dos veces a sus adversarios», había dicho un día antes de la muerte a una radio. «Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo, y así se ha demostrado», agregó.
Y dejó una carta que se conoció tras su muerte. «He visto a otros desfilar esposados exhibiendo sus miserias, pero Alan García no tiene por qué sufrir mas injusticias», dice. Y señala que deja su cadáver «como una muestra de mi desprecio a mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me propuse».
Las investigaciones preliminares señalan que en 2009 el entonces presidente se reunió con Barata para negociar un acuerdo sobre el proyecto de construcción del Tren Eléctrico de Lima. Allí se habría originado el diseño de una movida legal –el decreto de Urgencia 032/09, emitido por el PE y otras regulaciones– que benefició a Odebrecht con la adjudicación y perjudicando al Estado con sobrecostos. En la mira judicial están también el exministro de Transportes, Enrique Cornejo Ramírez, y el exdirector de la Autoridad del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras.
Alan García Pérez gobernó Perú en 1985-90 y 2006-11, era el líder y presidente del Partido Aprista Popular que devino de la histórica Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), originalmente de centroizquierda y que en el siglo XXI viró hacia la centroderecha. El gobierno peruano de Martín Vizcarra decretó tres días de duelo nacional con las honras fúnebres de un mandatario en ejercicio.
Según la investigación que surgió en Brasil, de donde es originaria la firma, con el nombre de Operación Lava Jato, el gigante operaba en 26 países como proveedor de energía y agua, constructor de carreteras, aeropuertos y estadios y hasta como fabricante de submarinos. La supuesta red de corrupción tuvo como principales destinos Venezuela, República Dominicana y Panamá. Pero también Colombia, que recibió U$S 11 millones en sobornos según Odebrecht y 32,5 millones de acuerdo con la fiscalía local. Ecuador es otro destino de la red. Allí se encarceló al ex vice Jorge Glas, muy cercano a Rafael Correra, sentenciado a seis años de prisión por cobrar U$S 13,5 millones, aunque su espacio dice que se trata de una causa enmarcada en el llamado «lawfare» y que ya no existen pruebas consistentes.
La de García no es la primera muerte vinculada con la causa. En noviembre, Jorge Pizano, testigo clave y auditor del consorcio que formó Odebrecht junto con una firma local para construir una autopista, murió por ingerir cianuro. Tres días más tarde, su hijo falleció envenenado por beber la misma botella. Ambas muertes rodeadas de controversias están bajo investigación.
Y otro testigo clave, el exsecretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, Rafael Merchán, se suicidó en diciembre con cianuro . «
