El presidente peruano enfrenta otra vez una instancia destituyente. Pedro Castillo llegó al poder como primera fuerza con 37 curules de Perú Libre y cinco aliados de Juntos por el Perú (JP). El Congreso está compuesto por 130 miembros y está atomizado en nueve bancadas que pueden ser subdivididas en tres grupos: 1) ultraderecha-fujimorista, 2) oficialismo y 3) el espacio de negociación de centroderecha y centro.
La ultraderecha-fujimorista consta de tres bancadas: Fuerza Popular (24), Renovación Popular (13) y Avanza País (7), en total 44 curules. En enero de 2022, una ruptura de Perú Libre por discrepancias con el jefe del partido, Vladimir Cerrón, da nacimiento a Perú Democrático (6), integrada por cuatro miembros de PL más dos fugas, una de Acción Popular –Carlos Zevallos– y otra de Renovación Popular –Héctor Valer–. Este juego político eleva a 44 el número de bancas oficialistas, empatando con la ultraderecha. En medio quedan 42 votos de centroderecha y centro, dispersos en cuatro bancadas.

Para lograr la vacancia y por ende destitución automática del mandatario se necesitan 87 votos, dos tercios del número legal de miembros. Reteniendo 44 curules, es matemáticamente imposible que Castillo sea vacado. La moción del ultraderechista Jorge Montoya para establecer la fecha de vacancia el 18 de marzo fue rechazada por 97 votos en contra; en cambio, ganó por 76 la propuesta de la presidenta del Congreso (centro-derecha) para votar el 28 de marzo. Esto demuestra que la prioridad es la presión al Ejecutivo, la instalación de la incertidumbre y construcción de agenda mediática hostil. Con al menos 44 votos contra la moción de vacancia, Castillo sortea la situación. No es un acuerdo que garantice la gobernabilidad, pero al menos obtiene una tregua.

El martes Castillo dio un mensaje frente al Congreso en el que hizo un balance de su gestión, habló de sus acusaciones y realizó propuestas legislativas: el acceso directo a universidades y declarar la emergencia del agro. También llamó a la unidad y a gobernar para el bien común. Quienes esperaban un presidente acorralado se toparon con un Castillo sin miedo a dar la cara frente a sus inquisidores.

El jueves, una decisión del Tribunal Constitucional (TC) dio la libertad al exdictador Alberto Fujimori, en contra de la jurisprudencia nacional e internacional que prohíbe los indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad, basados en uno de Pedro Kuczynski en 2017 cuando intercambió favores con la oposición para impedir su vacancia.

La misma Justicia peruana que persiguió a Perú Libre e inventó una causa contra Castillo –empleando a una exaportante trucha fujimorista como testigo– ahora indulta a Alberto Fujimori. Los hilos de la Justicia y el Congreso son obvios. El fujimorismo es el principal enemigo de este gobierno, es por eso que pretendió no reconocer el resultado electoral, presionar a las FF AA, intentó movilizaciones populares, interpelaciones permanentes a sus ministros y dos mociones de vacancia. Si de algo es culpable Castillo es de haberle ganado al fujimorismo en las urnas, algo imperdonable incluso para algunos “oportunos antifujimoristas” que callaron cuando la Justicia interponía falsas denuncias contra el gobierno y hoy se muestran sorprendidos de la parcialidad de los jueces.

En medio de la incertidumbre una sola cosa es clara: la disputa por el cambio continuará siendo ardua e implicará negociaciones y treguas provisorias con quienes se sitúan en el centro. El que avisa no traiciona.