Alexandre Moraes escribió: «Determino la instauración de investigación de los directores y demás responsables de Google Brasil y Telegram Brasil que hayan participado en la campaña abusiva contra el proyecto de ley». Se trata de un magistrado del Supremo Tribunal Federal. Le ordenó a la Policía Federal que investigue en un plazo de 60 días, a los responsables de ambas empresas, que tuvieron manifestaciones claramente opuestas al actual gobierno del Partido de los Trabalhadores. Concretamente habla de “campaña abusiva” de las firmas tecnológicas para boicotear un proyecto de ley que busca combatir la desinformación.
Lo paradójico es que el reclamo surge del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del derechista Partido Progresista, uno de los aliados de Jair Bolsonaro, durante su mandato: ahora está enfrentado con la ultraderecha por este proyecto que también intenta evitar los mensajes de odio y de violencia política en las redes, las obliga a aumentar a su transparencia y a «combatir los contenidos que atenten contra la democracia y las elecciones, los niños, adolescentes y la salud pública».
Justamente el ex presidente brasileño resultó sumamente criticó: «Es el principio del fin de nuestra libertad».
El proyecto fue inspirado en la Ley de Servicios Digitales recientemente aprobada por la Unión Europea, tras ser debatida desde el 2020. Fue impulsada en Brasil luego del intento de golpe, el pasado 8 de enero, una semana después de la asunción de Lula, cuando partidarios del ex presidente intentaron tomas las sedes de los tres poderes en Brasilia.
En principio, la nueva reglamentación establece multas de hasta 10% de la facturación de las empresas (se calcula que sería alrededor de un millón de reales (unos U$S 200 mil) por hora e incluso la suspensión temporaria de sus servicios.
Por supuesto que las tecnológicas se quejaron. Google afirmó que se trataría de una «moderación excesiva», mientras que Telegram fue más duro aún, ya que envió un mensaje a sus millones de usuarios en Brasil: “La «democracia está bajo ataque». Advierte que el proyecto «da al gobierno poderes de censura».
El juez Moraes ya había arremetido contra las plataformas cuando ordenó a Telegram borrar su mensaje contra la ley, y la acusó de difundir una «flagrante e ilícita desinformación». Un antecedente: la red fue suspendido por tres días en Brasil, en el marco de otra investigación relacionada con la violencia en escuelas.
