Estos comicios generales en México se realizarán en uno de los escenarios de mayor violencia en el país desde comienzos del siglo XX. Según analistas y datos publicados en los medios, en junio se registró la cifra más alta de homicidios dolosos en los 20 años en los que el gobierno federal reporta los delitos, con 2234 personas ejecutadas extrajudicialmente, mientras 114 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados y un centenar fue forzado a renunciar, según consignó el diario La Jornada de México.
Por su parte, la consultora Etellekt en su Informe de Violencia Política, señaló que desde el inicio del proceso electoral el 8 de septiembre de 2017 se registraron más de 543 agresiones directas, con un saldo de 129 políticos asesinados.
La semana pasada se conoció el asesinato de un candidato estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del candidato favorito a ganar hoy la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, junto con sus cuatro acompañantes en el estado mexicano de Oaxaca. Nancy Ortiz, presidenta estatal de Morena, confirmó que la agresión armada contra López Avendaño y sus colaboradores ocurrió cuando circulaban en el vehículo por San Vicente Coatlán, perteneciente a la región de la Sierra Sur.
El columnista de La Jornada Gilberto López y Rivas agrega en su publicación del viernes que «además de las ejecuciones extrajudiciales, que ya rebasaron las 200 mil personas desde que se declaró la supuesta guerra contra el narcotráfico, es necesario considerar los crímenes de Estado y lesa humanidad acumulados por décadas, todos impunes, y los más recientes, igualmente sin castigo, que se expresan en las desapariciones forzadas, cuyo caso paradigmático, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encuentra en el pantano de un Estado delincuencial que niega la justicia y la presentación con vida de los más de 40 mil desaparecidos forzados. Estos miles de desaparecidos tampoco podrán ejercer el derecho al voto en las necro-elecciones próximas, que lejos están de las condiciones de paz social que debieran caracterizar al ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, que garantiza el artículo 35 de la Constitución».
Para el analista mexicano Arsinoé Orihuela, «es posible que (una futura gestión de López Obrador) debilite parcialmente el poder del narcotráfico desactivando la guerra, que es algo que ha sugerido que piensa hacer. Porque ahí el tema son las alianzas del ejército, y desmontando esas alianzas del actor narco con las cúpulas del aparato estatal resolvería el problema».
A su vez, López y Rivas destaca en su columna «los 110 periodistas ultimados del año 2000 a la fecha y el nivel de impunidad de estos atentados contra la libertad de expresión, que resulta en 90 por ciento de los mismos de acuerdo con la CNDH». «
