Haití fue el primer país independiente de las Américas y el primero del mundo que abolió la esclavitud. Desde entonces, como decía Galeano, “es un país arrojado al basural por eterno castigo de su dignidad”. Su historia condensa un largo derrotero de golpes, injerencias y ocupaciones que lo convirtieron en el territorio más saqueado y empobrecido de la región. Hoy, esa dominación desde el Norte se ejerce mediante el eufemismo de la “intervención humanitaria” y tiene como elemento novedoso la proliferación de las bandas narco-criminales, un modelo de control social ya exitoso en Colombia, México y Centroamérica que se expande silenciosamente en toda América Latina. En las últimas dos semanas, la guerra entre pandillas dejó al menos 39 personas asesinadas y ocho desaparecidas; desde enero a marzo se registraron 225 secuestros, un 58% más que en 2021; y, según organismos de DD HH, unas 9000 personas han sido desplazadas de los tres municipios que rodean la capital Puerto Príncipe.
Tiempo Argentino analizó la etapa que atraviesa el país caribeño con Camille Chalmers, economista, docente universitario y reconocido dirigente popular, coordinador de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA), quien estuvo en el país para la asamblea de la articulación continental ALBA Movimientos.
–Vienen denunciando que en los últimos años se impuso la “gangsterización” de Haití. ¿Desde cuándo y cómo se expresa este esquema de violencia criminal en la vida cotidiana?
–A partir de 2010 comenzó una nueva etapa en la vida política de Haití gobernada por la extrema derecha y dirigida explícitamente desde Washington, que tiene como objetivo fundamental frenar el proceso de movilización popular que siempre es muy fuerte en el país. Ya es el tercer presidente de este partido de extrema derecha, el PHTK. Estuvo Michel Martelly, luego Jovenel Moïse y, tras su asesinato, Ariel Henry. Todos sin ninguna legalidad ni legitimidad porque fueron electos de manera fraudulenta. Un punto central de esta etapa es el brutal proceso de destrucción de las instituciones. El otro elemento clave es esto de la gangsterización del país. La consolidación de las bandas armadas, sobre todo en los barrios populares, que organizan masacres y aterrorizan a la población. Bandas paramilitares que han logrado controlar una parte importante de Puerto Príncipe, que además bloquearon la conexión entre la capital y tres departamentos, y a diario organizan secuestros obstaculizando así toda vida democrática. Incluso, la vida social está muy paralizada por esto.
–¿Cuál sería el principal objetivo de este entramado paramilitar y a qué intereses responde?
–El principal objetivo es bloquear el proceso de movilización social, impedir toda participación política real. Logran atemorizar y paralizar a la población para que se puedan imponer sin resistencia estos gobiernos impopulares, ilegítimos, que la única manera que tienen de permanecer es a través de estos métodos antidemocráticos, a través de la fuerza, utilizando a la policía, lo que queda del Ejército y, sobre todo, a estas bandas paramilitares. El objetivo, entonces, es instalar el terror, romper el tejido social, los lazos de confianza y todo posible proceso de resistencia, como el que se manifestó con fuerza en las calles en los tres últimos años. Expulsar al pueblo de todo el juego político y facilitar la ejecución del proyecto económico para seguir saqueando los recursos del país y ser un apéndice de los intereses de las trasnacionales norteamericanas y europeas. En Haití hay recursos importantes, por ejemplo hay un gran yacimiento de oro que quieren explotar en la frontera con Dominicana y hay multinacionales que ya invirtieron, entonces están construyendo el contexto político que permita hacer eso sin resistencia. Es un proyecto económico bien claro que necesita un poder autoritario y un alto grado de represión.
–¿Cuáles son los vínculos de estas bandas con el poder político local y extranjero?
–Hay una conexión muy clara, demostrada, entre estas bandas y los sectores de poder. Están articuladas a este proyecto de extrema derecha. Y son grupos que tienen financiamiento y armamento que viene de Estados Unidos. Muchos de sus líderes son haitianos que han sido repatriados por Estados Unidos, pertenecen a las redes transnacionales del crimen organizado, con altos niveles de formación militar. En resumen, tienen vínculos comprobados con el gobierno haitiano, son dirigidos desde Washington y tienen además el apoyo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Es el mismo modelo que se utilizó en Centroamérica con los escuadrones de la muerte, y más recientemente muy vinculado al tráfico de drogas en Colombia y México.
–¿Cómo jugó este “modelo gangsteril” en el magnicidio de Jovenel Moïse en julio del año pasado? ¿Qué se sabe hasta el momento?
–En verdad, no hay elementos para saber exactamente qué es lo que pasó. Lo que sabemos es que hubo participación de las agencias de seguridad de Estados Unidos, de la CIA, de mercenarios colombianos y de sectores de la extrema derecha local, en una pugna por el control del narcotráfico y los sectores estratégicos de la política. Ese asesinato intervino justo en un momento de gran movilización popular y fue utilizado para frenar esa acumulación de las fuerzas progresistas introduciendo confusión en el sentir de la población, porque la extrema derecha utilizó el cadáver de Moïse para presentarlo como un mártir, como un héroe nacional que nunca fue.
–¿Cuál es tu reflexión y mensaje para América Latina en cuanto a lo que implica la problemática haitiana en clave regional? Y ¿qué les dirías a los presidentes del creciente polo progresista latinoamericano?
–Es muy importante tomar conciencia de que lo que está pasando en Haití es un laboratorio de las nuevas formas de intervención, control y dominación en América Latina. Y muchos gobiernos de la región han sido cómplices de esta situación con las tropas de ocupación de la MINUSTAH, que solo dejaron destrucción, muertes, enfermedades, miseria y violaciones. La utilización de los ejércitos de la región fue clave en el deterioro de la situación institucional de Haití, entonces hay una responsabilidad, hay un deber de reparación, hay un deber de solidaridad y un deber para construir soluciones conjuntas. Es imprescindible que los pueblos de América Latina apoyen las luchas del pueblo haitiano. Precisamos más solidaridad, más difusión y más presencia aquí para construir un Caribe autónomo, soberano y libre de la dominación estadounidense. Y a los gobiernos progresistas les diría que entiendan que su porvenir dependerá, sobre todo, de la profundización de los procesos integracionistas.
