El 31 de agosto de 2016, el Senado de Brasil declaraba a Dilma Rousseff culpable de corrupción. Con 61 votos a favor y 20 en contra, se ordenó su destitución. El “golpe parlamentario” se consumó bajo la acusación de haber “maquillado” cuentas públicas a través de las llamadas “pedaleadas fiscales”. Lo insólito es que parte de los que condenaron a la ex presidenta forman el entramado de corrupción de la Petrobras (ver recuadro).

A casi un año, la Cámara de Diputados comenzará a debatir el destino del gobierno de Michel Temer. A partir del 2 de agosto, este cuerpo que fue el responsable de poner fin a un ciclo de 13 años de un gobierno encabezado por el Partido dos Trabalhadores (PT) para reemplazarlo por este opaco vicepresidente y constituir un gobierno conservador-liberal difícilmente pondría fin a esta gestión.

Los diputados deberán decidir sobre la acusación que pesa sobre Michel Temer de haber recibido un soborno del mega frigorífico JBS, algo que difícilmente ocurra, teniendo presente que la cámara es dominada por el centrão (gran centro) o bancada “BBB” (Biblia, Bala y Buey) compuesta por representantes de los agronegocios e intereses religiosos.

Más aun, cuando tiene a 190 de sus miembros (el 37% del cuerpo) investigados por la Justicia, incluso hasta condenados, como el legislador que al tener un régimen de detención semiabierto puede legislar y votar en la cámara para luego volver a su celda. Así, será remota la posibilidad de encontrar los 342 votos neceaarios para la destitución de Temer.

Por otra parte, comenzó el impulso de una iniciativa popular lanzada el pasado 30 de junio, que intenta juntar 1,3 millones de firmas para presionar al Supremo Tribunal Federal (STF) a que se expida por la revocación del resultado del juicio político. Frente a esto, el Senado brasileño tomó la iniciativa y convocó a una consulta ciudadana con la propuesta de anular el impeachment.

Los medios de comunicación brasileños informan que este sábado la consulta divulgada en el sitio E-Ciudadanía del Senado de Brasil se acercaba a las 40 mil firmas, superando holgadamente las 20 mil necesarias para convertir la iniciativa en una “sugerencia legislativa” a ser abordada por la Cámara Alta.

A todo esto, se suma el nuevo récord de impopularidad que acaba de batir Michel Temer con el 5%, al superar al exmandatario José Sarney que en 1989 había caído al 7 por ciento. Si bien su imagen siempre fue baja, asumió con un 13% de aprobación, la crisis económica que no logra superar, ante la retracción del 3,5% en 2016, se estima que este año el PBI se mantendrá estancado.

Sin embargo, Michel Temer apuesta todo a la confianza del establishment económico al propiciar la reforma laboral y jubilatoria, de manera de retroceder casi un siglo en materia de derechos sociales y así condicionar la vuelta de gobierno petista en tanto busca una alternativa sin recurrir a la proscripción de Lula, como la del diputado Jair Bolsanaro, que con su discurso elogioso a la dictadura militar (1964-1985) está subiendo en las encuestas. «

La corrupción mata a la Democracia

La derecha brasileña parece ser una serpiente que se come su propia cola, cuando apela a la corrupción para evitar que el principal referente de la izquierda vuelva al gobierno, bebe de su propio veneno y expone el entramado de negocios que involucra a todo el espectro político, deslegitimando a la república y dejando en riesgo a la democracia.Si la consigna del “Petróleo é nosso” abrió una etapa de desarrollo nacional para Brasil, la Petrobras se convierte hoy en el epicentro de un esquema de corrupción que involucra tanto a funcionarios públicos, parlamentarios y dirigentes políticos como a empresarios, ejecutivos e intermediarios de las grandes constructoras, entre ellas la gigante Odebrecht.

El esquema de corrupción de Petrobras funcionaba a partir de mordidas, cuotas, que las empresas constructoras pagaban a políticos y ejecutivos de la empresa para ser beneficiadas a dedo por inflados contratos. Así, con intermediarios se remitían los fondos a través del blanqueo en paraísos fiscales y cuentas offshore de dirigentes políticos.