El gobierno de Brasil anunció que pretende privatizar la Casa de Moneda, que emite billetes de reales, y el aeropuerto de cabotaje de Congonhas, en San Pablo, en el contexto de un paquete de 57 proyectos que serán vendidos o entregados en forma de concesión a la iniciativa privada.
El anuncio fue realizado por el secretario general de la presidencia, Wellington Moreira Franco, durante una conferencia de prensa en Brasilia, luego de que el gobierno anunciara el lunes la privatización de la gigante Eletrobras, la mayor empresa de energía de Latinoamérica.
«Existe la intención de llevar adelante el plan sugerido por el Ministerio de Economía sobre la Casa de Moneda, en virtud del aumento de las pérdidas de este órgano por función del avance de la tecnología, debido a que cada vez menos se usa el papel moneda y la moneda en sí», explicó Moreira Franco.
La mayor parte de los procesos de privatización y concesiones deberá ser realizada en el último semestre de 2018, en los últimos meses del gobierno de Michel Temer, que terminará el 31 de diciembre del próximo año.
El plan forma parte del Programa de Sociedad de Inversión (PPI) que administra Moreira Franco, y pretende inyectar en la economía aportes por unos 17.000 millones de dólares.
También se está llevando a cabo un estudio para poder entregar a la iniciativa privada el Parque Olímpico, que fue uno de los llamados legados de los Juegos de Río 2016.
El proyecto prevé el paso a manos privadas del aeropuerto de Congonhas, principal hub (centro distribuidor) doméstico en San Pablo. Otros 13 aeropuertos están siendo apuntados como «privatizables», como el Santos Dumond, de cabotaje de Río de Janeiro.
El ministro dijo que cambiará el modelo adoptado por la ex presidenta Dilma Rousseff frente a la concesión de aeropuertos, ya que actualmente la estatal Infraero está obligada a tener el 49% de participación en cualquier estación aérea con participación privada. «Vamos a reducir la participación de Infraero», dijo.
Se incluyen también terminales de autobuses, concesión de rutas y autopistas, líneas de transmisión y la privatización de 15 terminales portuarios.
El anuncio se produjo luego de una búsqueda de recaudación mayor del gobierno, que debió ampliar la meta de déficit fiscal para este año y 2018.
