Una etapa post Jair Bolsonaro pareciera estar en puerta. En tanto que está inhabilitado para ser candidato en las elecciones de 2026 y 2030 (por abuso de poder para deslegitimar las elecciones de 2022) y el asedio judicial que enfrenta en 33 procesos por diferentes causas que van desde el intento de apropiarse ilegalmente de joyas regaladas por el gobierno de Arabia Saudita hasta el de genocidio por la desidia en el manejo de la Pandemia. Así, el excapitán del ejército no podría regresar al Planalto.
Sin embargo, se propiciaría un neobolsonarismo: en primera instancia tratando de fijar como sucesora política a su esposa Michelle Bolsonaro, para lo cual organizó una rama femenina en el Partido Liberal (PL) y lanzó su posible candidatura en un acto realizado hace algunas semanas.
De todas maneras, se desmorona la capacidad de mantener un liderazgo opositor por parte del exmandatario. No puede sostener una estrategia obstruccionista: parte del PL comenzó a negociar acuerdos con el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, evidenciado en la aprobación de la Reforma Tributaria.
La sanción del cambio impositivo enfrentó a Bolsonaro con su delfín político, el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, a quien le recriminó: «Avalar esa iniciativa es cosa de comunistas y no de alguien que esté compenetrado con la defensa de la patria y la familia».
A pesar de eso, De Freitas no sólo acompañó el proyecto oficial, sino que aceptó plasmar el acuerdo político en una foto con Fernando Haddad, actual ministro de Hacienda, quien fuera su contrincante en 2022, en las elecciones para la gobernación de San Pablo, por el PT.
En definitiva, Tarcisio de Freitas provocó la división del bloque bolsonarista en Diputados, donde el 20% de la bancada del PL, que tiene 99 miembros, aprobó la reforma y puso de manifiesto que el liderazgo de Bolsonaro está en crisis. Incluso algunos ya postulan al gobernador de San Pablo como un posible presidenciable.
Violencia
Sin embargo, esto no sería un post bolsonarismo, porque De Freitas sostiene el mismo autoritarismo conservador. Inspirado en formas de mano dura desplegadas por las derechas en el mundo, donde la violencia estatal descontrolada se intenta legitimar ante el crimen organizado (como el caso de El Salvador de Nayib Bukele y su guerra a las pandillas Maras), sin advertir que el accionar represivo se orienta al disciplinamiento social.
De Freitas justificó la represión policial en las favelas de San Pablo, que días atrás provocó al menos 14 muertes, bajo acusación de violación de derechos humanos. El gobernador, quien rechazó que haya habido «excesos» en el accionar de las fuerzas de seguridad. Incluso alegó que «no hay lucha contra el crimen sin efectos secundarios». De Freitas, a su vez, cuenta con el aval de su bloque legislativo local, que impulsa sacar las cámaras de los uniformes policiales, precisamente la herramienta que permite detectar los casos de «gatillo fácil».
Sin embargo, los hechos no serían producto de un daño colateral sino de un modus operandi de las fuerzas policiales, tal como señala un informe realizado por una comisión compuesta por diversas organizaciones de DD HH con la Condepe, que acudió a Guaruja para recabar información sobre denuncias de casos de violencia y asesinatos de parte de las fuerzas de seguridad, así como continuas amenazas contra la población de las comunidades de esa ciudad, según sostuvo el Defensor del Pueblo, Claudio Da Silva.
