Finalmente hubo, al menos, 1459 detenidos oficialmente en Brasil, tras los episodios del 8 de enero. Hace unas horas, el Supremo Tribunal Federal le decretó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 140 de ellos. El más reconocido, un personaje clave, fue el exministro de Justicia bolsonarista, Anderson Torres, quien permaneció en silencio durante los primeros interrogatorios a los que fue sometido. No respondió sobre la carpeta que contenía el trabajo sobre cómo desconocer los resultados de las últimas elecciones: un claro ejemplo de las intentonas golpistas de su gobierno.

Torres perteneció siempre al Partido Social Liberal (PSL), que junto al Liberal (PL) cobijaron en las presidenciales de 2018 y 2022 a Bolsonaro. Según datos que arrojó una información de O’Globo, nada menos, la mayoría de los implicados en la toma de los Tres Poderes, son afiliados a esos partidos. Pero la clave, el presidente Lula lo sabe mejor que nadie y lo explicita una y otra vez, es llegar al alma golpista, es decir a los ideólogos y a los financistas que estuvieron detrás de las movimientos terroristas desestabilizadores de Brasilia. «Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que las personas entraran, porque no hay puertas rotas (…) Significa que alguien les facilitó la entrada aquí», dijo por caso el mandatario esta semana, cuando inauguró lo que pretende que sea una costumbre, los desayunos de trabajo con periodistas. «Mucha gente de las Fuerzas Armadas conspiró aquí dentro. La verdad es que el palacio estaba lleno de bolsonaristas, de militares, y queremos ver si podemos corregir la situación para colocar funcionarios de carrera, de preferencia civiles», también dijo.

Pocas horas después, el gobierno desplazó de sus cargos a 18 jefes de la Policía Federal y a 26 de los 27 superintendentes regionales de la Policía Caminera Federal. Lo oficializó el ministro de Justicia, Flávio Dino y despertó algunas polémicas con las primeras designaciones. El nuevo superintendente de la PF en Río de Janeiro es Leandro Almada, en el cuerpo desde 2008: su currículum recuerda una controversial conducción de la investigación por asesinato de la concejala Marielle Franco, ocurrido en 2018, ya que fue señalado por obstaculizar el proceso. En San Pablo, la mayor superintendencia brasileña, fue designado Rogério Giampaolli, quien ya era jefe del Comando Táctico de Operaciones, en la actualidad a cargo de la PF en el municipio paulista Sorocaba.

Por supuesto que la mirada también recae en las Fuerzas Armadas, de inusitada participación en el gobierno anterior. El carbón encendido está en manos del pernambucano José Murcio Monteiro, quien hasta 2020 fue ministro del Tribunal de Cuentas. Devenido del Partido Laborista, integrante de la alianza de gobierno, integra el gabinete como titular de la cartera de defensa. Pues bien, sorprendió a extraños, aunque no tanto a propios, cuando hace pocas horas se animó a afirmar que no hubo participación «directa» de las fuerzas en los ataques golpistas. «Entiendo que no hubo implicación directa. Si algún elemento, individualmente, participó, responderá como ciudadano», aseguró. Claro, lo expresó en el Palacio del Planalto, tras participar de una reunión entre el presidente y los jefes de las fuerzas.

Los actuales comandantes fueron designados en diciembre pasado por Bolsonaro, pero luego de un acuerdo explícito con los grupos a cargo del vice Geraldo Alckmin que trabajaron de transición. Son ellos: en el Ejército, el general Julio Cesar de Arruda que llega de Ingeniería y Construcción); en la marina, el almirante de Escuadra, Marcos Sampaio Olsen (Operaciones Navales) y de la fuerza Aérea, el teniente Brigadier del Aire, Marcelo Kanitz Damasceno (Jefe de Estado Mayor de la FAB).

«Los militares son conscientes y están de acuerdo con que vayamos a tomar medidas. Evidentemente, en el fragor del momento, necesitamos tener cuidado para que los procesos y las acusaciones sean justas, para que las penas sean justas», también dijo Múcio

Sugestivamente, uno de los participantes de la charla fue el encargado de la Federación Industrial del Estado de San Pablo, Josué Gomes. La justificación fue que se abordaron “políticas de desarrollo e inversión en la industria de defensa”. Fue justamente una reunión con el parte del poder real. El que más le costará domesticar a Lula.  «