El proyecto del primer ministro británico Boris Johnson para modificar unilateralmente el acuerdo de divorcio con la Unión Europea puede ser “una forma de pataleo, de hacer ruido para forzar una negociación”, asegura Ezequiel González Ocantos, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Oxford, en una entrevista con AM770, radio Cooperativa. El anuncio de Johnson se inscribe en un delicado contexto que viola los acuerdos de paz del Viernes Santo de 1998, que impiden una frontera física entre las dos Irlandas, la del sur, una república independiente, y la del norte, parte del Reino Unido. “Esto no era un problema cuando el Reino Unido estaba dentro de la UE”, señaló el analista, “porque los bienes y personas circulaban sin ningún problema”. Pero el Brexit cambió todo.

“El acuerdo del año pasado estipula que Irlanda del Norte se seguirá sometiendo a la regulación europea para comerciar libremente con la República de Irlanda y para prescindir de controles aduaneros –detalla González Ocantos–. Y el RU se compromete a que sus productos se ajusten a los estándares legales del mercado común europeo”. La cuestión de fondo es que la UE no quiere productos alimenticios de Gran Bretaña que no cumplan con sus estrictos estándares. “La ley de Johnson implica que pueden determinar de manera discrecional, sin supervisión europea, qué puede pasar según su parecer. Eso es inaceptable para la UE, que necesita un mecanismo para que las decisiones sean legales”, agrega el cientista político.

Y aquí surge un dilema. Por un lado, dice González Ocantos, Johnson necesita la ley para minimizar las barreras comerciales dentro del Reino Unido. “No puedo someterme a la posibilidad de que los europeos me pongan estándares estrictos y no poder comerciar entre Irlanda del Norte y Escocia, piensa el primer ministro”. De allí que la UE amenace con romper las negociaciones.

Al mismo tiempo, Johnson tiene mucha resistencia dentro de Irlanda del Norte y también entre miembros de su propio partido. Sucede que la ley que presentó, y él mismo lo reconoció, viola el derecho internacional, aunque especifica que cualquier situación puntual debería someterse a votación del Parlamento.

El Brexit, agrega el entrevistado, se sustenta en un acuerdo de transición con un protocolo especial para Irlanda del Norte en función de un acuerdo a largo plazo de libre comercio que se está negociando. “Johnson necesita un reaseguro por si no hay acuerdo de largo plazo –abunda González Ocantos–. Por otro lado, uno puede leer esta iniciativa como una forma de hacer pataleo, de hacer ruido para forzar la negociación”.

La jugada parece arriesgada. Y según el especialista, es claro el interés de ambas partes para firmar un tratado de libre comercio de un modo relativamente urgente, sobre todo por las consecuencias que está dejando la crisis económica generada por la pandemia. “La pregunta es si habrá oxigeno político para que esto suceda. Esta ley pone un poco más de presión y urgencia para el acuerdo, pero también le permite a Johnson curarse en salud, mostrarse como que protege la integridad del comercio interno del RU. Y ante la eventualidad de que no haya acuerdo, puede decir que él hizo todo lo posible y que se comprometió con el Brexit”.

El tema del Brexit representa una crisis en sí misma para la dirigencia británica de tal magnitud que incluso la oposición laborista le genera consecuencias internas. Las últimas encuestas muestran un crecimiento del Partido Laborista y hasta hay quienes ven al nuevo líder de esa agrupación, Keir Starmer –que asumió en abril pasado tras el desplazamiento de Jeremy Corbyn– como un posible reemplazo de Johson. “El problema es que tiene que mostrar oposición a las acciones del gobierno sin demostrar que no está comprometido con el Brexit», concluye González Ocantos. «

* Entrevista en radio Cooperativa