Si hay algo que Jair Bolsonaro no haría es recular en su postura de privilegiar la economía sobre la salud. Así lo demostró al participar de una marcha desde la sede del gobierno al edificio del Supremo Tribunal Federal (STF) para reclamar que la corte le permita poner fin a la cuarentena que dispusieron los gobernadores. Fue un apriete a gran escala con el objetivo de presionar al máximo órgano judicial y que tuvo el respaldo de ministros clave de su Gabinete, como el de Economía Paulo Guedes; el de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva; y el jefe de la Casa Civil, general Walter Braga Netto. Por si esto no bastara, una veintena de empresarios acompañaron la movida.
Lo que preocupó a los togados no fue el despliegue que hizo el mandatario, sino la amenaza que significan las milicias fascistas que se apostaron frente al Palacio de Justicia para brindar el apoyo incondicional a Bolsonaro. Son, según la prensa brasileña, integrantes del Grupo 300, y realizan una suerte de entrenamiento militar cerca del edificio del STF gritando que mientras “los magistrados comen langostas, el pueblo pasa hambre” por la falta de trabajo debido al cierre de industrias decidido por gobiernos estaduales frente a la pandemia.
Brasil es el país latinoamericano con más cantidad de casos de Covid-19, medidos en cifras absolutas o relativas a la cantidad de población, con cerca de 150 mil contagiados y unos 10 mil muertos. La economía brasileña se desplomó, es cierto, pero lo mismo ocurre con la actividad en el resto del mundo. Y ya venía bastante golpeada por las medidas neoliberales desde la destitución de Dilma Rousseff.
Bolsonaro, que definió como “gripecita” al virus, se enfrenta con los gobernadores, algunos como el paulista o el carioca, que apoyaron su candidatura pero ahora deben lidiar con el drama de la pandemia. El STF defendió la potestad de los mandatarios estaduales para decidir las políticas sanitarias en base a la constitución federal. Es la excusa del presidente para alegar ante sus fanatizados seguidores que no lo dejan gobernar.
Este viernes, Joao Doria, gobernador de San Paulo, extendió la cuarentena en el distrito más poblado y poderoso de Brasil -y el polo industrial más importante de América Latina- hasta el 31 de mayo.
En paralelo, el STF autorizó una investigación sobre las bandas fascistas a pedido de la Procuraduría General de la República. Son los que la semana pasada marcharon pidiendo una intervención militar más directa aún y que, según se sabe, son financiados a través de una recolección de dinero a través de las redes sociales.
Los bolsonaristas están indignados con la Corte, que ya había bloqueado la designación del jefe de los espías brasileños al frente de la Policía Federal, para poder controlar investigaciones judiciales contra los hijos presidenciales. Ven al STF como la institución clave para frenar las transformaciones que Bolsonaro pretende para Brasil.
Y parte de verdad tienen, porque la dirigencia política no parece encontrar el modo de reaccionar ante una crisis que desde lo sanitario amenaza con destruir a la sociedad brasileña. Salvo las declaraciones contundentes de Lula da Silva contra Bolsonaro o un artículo que firmaron el expresidente Fernando Henrique Cardoso, el excandidato del PSDB y ex ministro de Relaciones Exteriores José Serra y los excancilleres Celso Amorim, Celso Lafer y Rubens Ricúpero, en el que rechazan “la violación sistemática por la política exterior actual de los principios rectores de las relaciones internacionales de Brasil definidos la Constitución de 1988”. Esto es, la subordinación de Bolsonaro a Estados Unidos.
EN AMAZONIA
Mientras en la Argentina se habían registrado 11 muertos en una jornada completa, en Brasil se produjeron 751 víctimas en igual lapso. Incluso se sospecha que la cantidad de fallecidos son muy superiores a los oficiales. En especial en el sur del país y en la zona de Amazonia: acusan 845 muertos, pero se sospechas que son varios miles.
