Tal como se anunció hace dos semanas, finalmente Jair Bolsonaro ha sido inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos. El mismo poder factico que le allanó el camino a la presidencia, hoy lo condena al ostracismo.

En el ámbito del Tribunal Superior Electoral, el juez principal Benedito Gonçalves presentó un dictamen que proponía la inhabilitación, entendiendo que el expresidente había «usado la reunión con los embajadores para sembrar dudas e incitar teorías de conspiración».

Esas declaraciones fueron el inicio de una estrategia que buscaba evitar la asunción del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde la derrota en octubre, fue la primera movida que culminó con la intentona golpista del 8 de enero pasado, con la invasión de seguidores a edificios gubernamentales en el Planalto de Brasilia.

Si bien la decisión del TSE estuvo dividida, cinco a dos, el voto decisivo para alcanzar la mayoría en el tribunal fue el sufragio de la jueza Carmen Lúcia Antunes, la misma que con su voto proscribió a Lula. 

El tribunal basó su condena en que Bolsonaro diseminó mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral brasileño a fin de generar una desestabilización del orden democrático. Así, el alto tribunal condenó a Bolsonaro restringiendo la posibilidad de presentarse a elecciones por ocho años, por lo que no podría medir fuerza electoral en las municipales de 2024 y tampoco podría presentarse a Presidente en 2026, incluso está fuera de las locales de 2028.

Ahora, Bolsonaro buscará anular la decisión del TSE, anticipando que apelará ante el Tribunal Superior Federal (Corte Suprema) y sosteniendo que «No he atacado el sistema de votación, solo mostré sus posibles fallas». Alegando además que  «Este juicio no tiene ningún sentido».

Incluso, ante la imposibilidad electoral, Bolsonaro manifestó en entrevistas que tiene un Plan B, su esposa Michelle. «Tengo una bala de plata», sostuvo a la Folha de San Pablo, presentando la idea de postularla.

Si bien Michelle Bolsonaro tuvo una presencia destacada en la campaña electoral de 2022, intentando matizar el machismo de su esposo, a la actualidad no tiene experiencia de gestión, algo que el mismo Bolsonaro reconoce. Más allá de que podría disputar alguna intendencia en 2024, pero sería muy difícil que eso la proyecte como presidenta.

No obstante, el embate contra el expresidente sigue, y el gobierno de Lula va por más. El ministro de Justicia, Flávio Sino, manifestó que los motivos de la inhabilitación habilita al Gobierno a evaluar la posibilidad de exigirle a Bolsonaro el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios provocados. En sus palabras: «La decisión del tribunal prueba que fueron perpetrados ataques abusivos al sistema de justicia y al orden jurídico. Por ese motivo, enviaré una petición a la Abogacía General del Gobierno para que analice la posibilidad de exigirle una indemnización».

Otro ministro de Lula, Alexandre Padilha, a cargo de Relaciones Institucionales, señaló que la condena contra Bolsonaro es el «primer paso», porque «aún hay mucho que tiene que ser investigado y sancionado». En las redes sociales sostuvo: «Fue el primer paso en la dirección de responsabilizar a Bolsonaro por la serie de crímenes que cometió y por la organización criminal que lidera». Padilha es correligionario de Lula en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

De cara el futuro, será la base aliada de Lula, en especial las alas de derecha del denominado «centrão», las que irán perfilando el escenario político en tanto encuentren una figura aglutinante diferente a Bolsonaro. Más allá de que ahora sólo tiene capacidad de propiciar bloqueos o pedidos de Impeachment, cuestionando acciones de gobierno como la relación con el gobierno Nicolás Maduro, en Venezuela, pero sin ser una alternativa clara de poder.   «