La ordenanza número 666, que el viernes firmó el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, permitiría echar del país de Glenn Greenwald, el fundador del sitio The Intercept, que divulgó explosivas conversaciones en la red telegram del entonces juez con el fiscal Deltan Dallagnol, para condenar a Lula da Silva sin pruebas. Pero parece que alguien desconocía en profundidad cómo son las leyes brasileñas y entonces, habida cuenta de que el periodista estadounidense está casado con un ciudadano brasileño y adoptaron hijos, no podría ser expulsado. De manera que ahora el presidente Jair Bolsonaro amenaza con detenerlo,mientras lo trata de «malandra».  

«Tal vez acabe entre rejas aquí en Brasil», dijo el mandatario brasileño, citado por O Globo, el medio que más hizo para la detención de Lula y que ahora defiende a ultranza al ejecutor del proceso judicial que le impidió ser candidato a presidente, facilitando así el triunfo del ex capitán del ejército.

Greenwald le recordó al mandatario en un tuit que el titular del ejecutivo no tiene poder para encarcelar a los ciudadanos, y que para poner a alguien a la sombra debe haber pruebas enante un tribunal de que cometió algún delito.

Más aún, le remarcó en esa red social los puntos de la Constitución que no solo garantizan los derechos civiles, sino también el de libertad de prensa que es lo que está amenazado por la embestida de Moro y de Bolsonaro.

La controversia surgió desde que el 9 de junio pasado The Intercept publicó chats de Moro con Dallagnol y los fiscales de la Fuerza de Tareas del Lava Jato, la investigación sobre actos de corrupción a través de Petrobras, y fue creciendo desde entonces.

Como dice el propio Greenwald, en un país normal el ministro debería haberse tenido que ir. En realidad, que el juez que condenó al dos veces presidente y candidato con mayor apoyo para volver a la presidencia hubiera sido designado en el gabinete del triunfador de un comicio así amañado debiera haber sido descalificador.

Andando las semanas, otros medios de Brasil, dentro de los que integran el sistema de prensa hegemónico, como Folha de Sao Paulo y Veja, se sumaron a la investigación sobre cientos de miles de chats y fueron desmenuzando lo que es un gran escándalo político-judicial.

De allí la preocupación de Bolsonaro y Moro, porque se revela muy claramente de qué modo se manipuló la causa para involucrar a Lula en hechos delictivos, con el objetivo de detenerlo para impedir que pudiera presentara a la elección en 2018.

La Policía Federal detuvo la semana pasada a cuatro hackers a los que acusó de haber intervenido ilegalmente los celulares de Moro y del propio Bolsonaro. Y aseguran que son los que filtraron las conversaciones a The Intercept. Algo que niegan los periodistas del portal, con el agregado de que nadie negó que las conversaciones hayan existido. Lo que indica el tamaño de la maniobra y además, la prueba.

La persecución contra Greenwlad se conocía desde el mes pasado. Ahora apareció el decreto 666 como la posibilidad sino de expulsarlo, sí de impedirle que regrese el caso de viajar el exterior. El periodista estadounidense viven en Río de Janeiro con el diputado David Miranda.

Fundador del portal que tiene como objetivo publicar información que los gobiernos buscan mantener al margen de la sociedad, Greenwald saltó a la fama cuando encabezó el equipo que entrevistó al analista Edward Snowden, quien denunció la forma en que los servicios de EEUU espían a todo el mundo a través de equipos electrónicos, como celulares. A través de esa producción para el The Guardian, de Gran Bretaña, recibió el premio Pultizer en su país natal.

Las leyes brasileñas protegen de extradiciones y expulsiones del país a ciudadanos extranjeros casados con nacionales. Allí se refugió Ronald Biggs en 1964, luego del robo del siglo, al tren correo que iba de Glasgow a Londres, que dejó un botín de unos 40 millones de libras a los valores actuales. Recién el 2001 aceptó volver a su país de origen, donde murió en 2013, a los 84 años.

La diferencia es que Ronnie Biggs se había casado después de cometer el paradigmático robo. Greenwald lleva 14 años junto a Miranda, diputado carioca por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).Y lo de él no es ningún delito