Se cierra una semana muy agitada en Bolivia. Por varios frentes. Por un lado la crisis sanitaria expuesta fielmente por el hecho de que varios hospitales de La Paz, entre ellos el Obrero, están colapsados y que hasta nueva decisión no recibirán a quienes padecen Covid-19. Los nuevos casos diarios superan el millar y medio, y el sistema hospitalario, en un país de 11 millones de habitantes, no lo soporta. La cifra de fallecidos oficiales supera los 1700, aunque muchas fuentes indican que la realidad sobrepasa ampliamente esa valoración. También la de los 47 mil afectados que incluye algunos nombres emblemáticos: el de la propia presidenta de facto, Jeanine Áñez, y la titular del Parlamento, Eva Copa. Ambas mantienen su agenda de trabajo desde sus respetivas casas, aunque con muy diferentes visiones: mientras que una ocupa el sillón arrebatado a Evo Morales; la otra es una dirigente destacada del MAS, el partido del expresidente. Además, al menos otros tres integrantes del gabinete de facto están contagiados (Yerko Núñez, Fernando Oropeza  y la saliente de salud, Heidy Rocca) lo mismo que varios legisladores; incluso se sospecha que la muerte de uno de ellos tenga relación con el coronavirus.

En ese contexto y ante acusaciones de desgobierno, Luis Fernando López, quien había asumido el ministerio de Defensa, también fue designado para conducir temporalmente Salud: es el cuarto en los ocho meses del gobierno. Militar retirado, comunicador social y empresario, conocido en el Colegio Militar argentino, donde llegó al grado de subteniente de Caballería. Esto en plena crisis por la pandemia que superó con creces el estado de emergencia sanitaria decretado en marzo y mientras se registraron extensas filas en Cochabamba y otras ciudades para requerir el dióxido de cloro, expresamente prohibido.

La semana que comenzó con el pedido de detención preventiva a Morales de parte de la Fiscalía boliviana por supuestos delitos de terrorismo, en el denominado “caso audio”, grabación telefónica con un mensaje atribuido al presidente depuesto, en el que se insta a bloquear ciudades, tras el golpe de octubre pasado. Evo se mantiene expectante en su morada del norte del gran Buenos Aires. Mientras el MAS continúa su campaña para los anunciados comicios del 9 de septiembre que el gobierno avaló con fórceps y que busca postergar. El partido de Evo fue muy claro al censurar con anticipación la posible autoridad y supervisión de observadores de la Organización de Estados Americanos, a quienes acusaron de ser «parte y cómplice del golpe a la democracia» en aquellas elecciones de octubre, anuladas tras las observaciones de la OEA, aunque luego el organismo, demasiado tarde, se desdijo de esas irregularidades, que según varias otras investigaciones no existieron. El propio Evo aseguró que aquél “informe engañoso, rebatido científicamente, precipitó un golpe  que costó la vida a 38 bolivianos» y ratificó que «no se puede confiar en la Organización como observador imparcial».

Las últimas encuestas realizadas dan a Luis Arce una intención de voto cercana al 45%, seguido del expresidente Carlos Mesa (17%), en tanto que Áñez sigue perdiendo polularidad y cae a menos del 10 por ciento.