Diferentes organizaciones y amplios sectores de la sociedad boliviana adhirieron a la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad y realizan masivas movilizaciones contra la postergación de las elecciones previstas en un principio para el 6 de setiembre, exigiendo su realización y además rechazando las proscripciones que pretende imponer el gobierno de facto de Jeanine Añez y otros grupos de derecha.

La pasada semana, el Tribunal Supremo Electoral anunció su decisión de postergar las elecciones al 18 de octubre con el argumento del incremento de los casos de coronavirus en el país. Unos días antes, la alianza Creemos, que lidera el neofascista Luis Fernando Camacho, presentó una demanda ante TSE para reclamar la inhabilitación del Movimiento al Socialismo -el MAS-IPSP de Evo Morales- con el argumento de que había difundido una encuesta, algo que según afirmaron, está prohibido por la ley electoral. La proscripción sería lo más conveniente para una «elección entre amigos», es decir para todas las fuerzas de derecha que favorecieron el golpe a Evo.

Bien temprano por la mañana las columnas se movilizaron desde distintos puntos. La Central Obrera Boliviana (COB) inició su recorrido en la ciudad de El Alto. A la convocatoria asistieron, entre otras organizaciones, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Fejuve alteña, los ponchos rojos y la Confederación Bartolina Sisa, entre otros. También se sumaron a la iniciativa de marchar este martes se encuentran la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca, Juventudes Interculturales Originarias de Yacuiba, Tarija; la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, el Consejo de Federaciones Campesinas de Los Yungas, entre otros.

La marcha convocada por la COB fue duramente rechazada y criticada por el Gobierno. «Se tiene que cumplir la fecha de las elecciones del 6 de septiembre», declaró el dirigente minero Lucio Padilla. «No podemos permitir el manipuleo de la derecha y nuestra obligación es defender la democracia».

Mientras la pandemia continúa haciendo estragos. El número de contagiados ascendió en las últimas horas a los 72 mil casos con una cifra cercana a los 3 mil muertos, aunque se sospecha que las estadísticas no sean del todo confiables y que sean muchos más. En ese sentido, el gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez, decretó el estado de «calamidad pública» en todo el país, lo que supuestamente le permitiría disponer de más recursos para enfrentar la pandemia. «Se declara Calamidad Pública en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia para la atención de las necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por los efectos negativos del coronavirus», señala la disposición.

Al mismo tiempo, en un mensaje grabado y emitido por las redes televisivas, la mandataria anunció martes que adelantará a agosto el pago del aguinaldo de Navidad a miles de adultos mayores. El ministro interino de Economía, José Abel Martínez, que beneficiará a unos 870.000 bolivianos mayores de 60 años que no reciban ninguna renta.  La “renta Dignidad” supone una erogación de 600 millones de bolivianos (unos 86 millones de dólares).