Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció que las “graves violaciones” cometidas en Bolivia desde el golpe de Estado que puso en el poder a Jeanine Áñez aún no fueron esclarecidas. En el comunicado difundido esta semana, junto con el informe redactado tras la visita de una comisión en noviembre pasado, la Alta Comisionada de ONU para la cuestión, Michelle Bachelet se dijo “profundamente” preocupada por la falta de esclarecimiento y avance en los ilícitos señalados.
“Nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata ni para la mayoría de las muertes ocurridas», criticó en relación con el asesinato de nueve personas en Sacaba (Cochabamba) y de 10 en Senkata (El Alto de La Paz). “La falta de acción profundizará las divisiones, agravando las tensiones actuales y socavando la confianza pública en las instituciones del Estado», agregó la expresidenta de Chile.
Se destaca en el informe que “alrededor de 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la policía y las fuerzas armadas”. Según el texto “algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud”, algo que el gobierno de Áñez ha negado.
Otras violaciones documentadas incluyen la detención arbitraria de 28 personas en El Alto, “quienes fueron sometidas a tortura y otras formas de malos tratos por parte de la policía”. También se “observó a funcionarios públicos y particulares haciendo uso de un lenguaje violento e incendiario, así como violencia verbal y física dirigida contra pueblos indígenas”.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, rechazó lo expuesto y desafió a la alta comisionada a visitar Bolivia “a revisar todos los exámenes forenses de todos los muertos en Senkata y en Sacaba”, dijo.
El gobierno mantiene la misma actitud que tuvo en febrero, cuando la comisionada se había manifestado preocupada por la “persecución” contra Evo Morales y su espacio político. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó “su desacuerdo con las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque se alejan de la realidad que vivió y vive el pueblo boliviano”.
