Los familiares de las víctimas y heridos en la Masacre de Senkata y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos El Alto (APDH) rechazaron ayer viernes el decreto de resarcimiento económico que firmó la presidenta de facto Jeanine Áñez. Demandan una mesa de diálogo con mediadores internacionales para tratar un pliego de ocho puntos, entre ellos un bono o renta “para todas las familias víctimas”.

La posición de los familiares y organizaciones de Derechos Humanos fue expuesta en una carta pública dirigida a la autoproclamada Áñez, quien firmó el decreto el pasado jueves para otorgar un resarcimiento de 50 mil bolivianos (unos U$S 7.000) a las familias de los asesinados en la represión.

En Senkata hubo diez muertos por balas de plomo y decenas de heridos, en medio del furioso operativo represivo policial-militar para evacuar de la zona un convoy de cisternas con combustible y camiones con gas. El gobierno ilegítimo negó que los militares hayan disparado sus armas. Incluso acusaron a los manifestantes de terroristas. En los “enfrentamientos” que denunciaron los funcionarios sólo cayeron los manifestantes. No hubo bajas ni heridos entre los uniformados.

La Masacre de Senkata tuvo características similares a la Caravana de la Muerte que provocaron los militares durante del Guerra del Gas del año 2003, cuando los soldados también intentaron con tanques y balas abrir paso a los camiones cisterna que alimentan con combustible y gas a la ciudad de La Paz. Aquella matanza se dio sobre la autopista. Esta vez los manifestantes cayeron frente a la planta.

Los familiares y la APDH pidieron a Áñez la formación de una mesa de diálogo con mediadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Naciones Unidas y del Parlasur para “debatir” su pliego de ocho puntos que, recuerdan, no fue respondido por las carteras de Salud, Defensa, Gobierno, Presidencia, Economía y Justicia.

Entre las ocho demandas están la identificación y sanción penal de “los asesinos de nuestros familiares”; renta o bono vitalicio a todas las familias de las víctimas sobre la base de un salario mínimo; facilidades para becas a los hijos de las familias víctimas; y facilidades de reprogramación de deudas bancarias o cancelación.

En la norma aprobada por Áñez no se hace referencia a la reparación a los heridos y cierra la posibilidad de que los beneficiados acudan a instancias nacionales o internacionales. Justamente esos aspectos, entre otros, fueron expresados en la misiva para rechazar el decreto 4100 que –sostienen- “nos revictimiza, nos discrimina y nos denigra en nuestra condición de seres humanos”.

“Desde el momento en que se planteó el pago de un resarcimiento, manifestamos que se tiene que exigir la reparación como concepto amplio e integral. No es sólo el monto económico. La reparación integral significa que no puedes abandonar el derecho a pedir justicia, averiguar quiénes dieron las órdenes, el tema de respetar la memoria y reivindica los nombres de esas víctimas en actos públicos. Verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición. Este decreto es contrario a esos principios. Y también a las garantías internacionales en Derechos Humanos”, explica a Tiempo Argentino Ruth Llanos, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, una organización con amplia trayectoria denunciando los asesinatos cometidos en las dictaduras bolivianas.

“Sin dudas, el decreto es una manera de intentar silenciar el reclamo de los familiares de las víctimas –cierra Llanos-, que se encuentran en situaciones de extrema pobreza. Exigimos al Estado que tome en cuenta el reclamo de justicia de los familiares.”

Mañana domingo, diversos artistas alteños y paceños realizarán una kermés en Senkata para juntar fondos para los familiares.