El pueblo alteño marchó a La Paz cargando los ataúdes de sus muertos. Edwin Juchamani Paniagua, Rudy Cristian Vásquez, Juan José Tenorio Mamani, Joel Colque Patty, Antonio Ronaldo Quispe Ticona, Pedro Quispe Mamani, Clemente Eloy Mamani Santander y Devi Posto Cusi, los ocho vecinos que cayeron el martes pasado en Senkata, víctimas de la metralla militar.
Marcharon mujeres, hombres y muchos niños. Abuelas y sus nietos, campesinos potosinos y estudiantes de la UPEA (casa de estudios alteña), mujeres de pollera y mineros de rostros curtidos. Fueron miles los que caminaron desde La Ceja de El Alto en forma pacífica. Alzaron sus voces por las calles de la sede de gobierno. Pero una vez más no fueron escuchados por el gobierno de facto comandado por la presidenta autoproclamada Jeanine Áñez. Militares y policías silenciaron su reclamo de justicia con la mordaza represiva que vienen aplicando en las últimas semanas: golpes, gases y bala. Para vivos y muertos.
Aunque por la mañana el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, anunció con cinismo que se iba a garantizar el recorrido de los manifestantes por las arterias paceñas, la policía reprimió con saña cuando la marcha intentó llegar a la fortificada Plaza Murillo, centro político del país. El objetivo era que la usurpadora Áñez viera con sus propios ojos los ataúdes de los muertos que ha dejado su gobierno (más de 20 hasta este jueves). Durante la represión, se vieron escenas demasiado tristes, angustiantes y que dan cuenta del terror que ejercen los uniformados sobre el pueblo.
“Áñez asesina”, gritaban las columnas frente a la Iglesia de San Francisco, a pocas cuadras de la Murillo. Justo cuando llegaban con los ataúdes sobre sus hombros a la plaza del Obelisco paceño, uniformados apoyados por vehículos blindados desataron una salvaje represión. Una vez más. Seguramente no será la última.
En su descenso hacia la sede de gobierno, la marcha había sumado el apoyo de un buen número de vecinos de La Paz, quienes sobreviven al desabastecimiento, la especulación y la falta de información que reina en la hoyada. El cerco informativo sigue firme en su campaña de estigmatización contra los sectores que se oponen al gobierno de facto. “Aquí no hay terroristas, señor, como dicen la prensa y el gobierno, nos han masacrado y pedimos justicia”, explica un vecino llegado desde Río Seco.
En simultáneo, los comunicadores denuncian a colegas, incluso un estudiante de cine de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que cubría la marcha fue atacado por periodistas. Reina una censura digna de los años dictatoriales de Banzer o García Meza.
“¿Esto es democracia?”, gritaba una chola al escapar de los venenosos gases de la policía. A pocos pasos, entre corridas y gritos de terror, los ataúdes de los masacrados en Senkata quedaron abandonados sobre el asfalto.
Al dejar la hoyada, los alteños prometieron seguir luchando. Volvían a sus casas cansados, con rabia e impotencia, bajo un cielo oscuro y una lluvia torrencial.