El gobierno de Bolivia conformó y dio inicio al trabajo de una “mesa técnica” para establecer la fecha de realización del postergado Censo Nacional, tras dos semanas de protestas y bloqueos en Santa Cruz, apoyados por el gobernador de extrema derecha, Luis Fernando Camacho. Los cruceños quieren adelantar el censo al año próximo, a diferencia del plan del Ejecutivo de Luis Arce, que pretende llevarlo a 2024. La intención de los principales referentes opositores de Santa Cruz es que de adelantar las mediciones, sus resultados se aplicarían a las elecciones de 2025, lo que les daría la chance de ampliar su participación en el Parlamento.

Los referentes de la huelga mantienen un paro indefinido desde hace 14 días que impidió el paso de alimentos y combustibles por varias carreteras. En estas dos semanas hubo desabastecimiento, acumulación de basura en las calles y denuncias de «violenta represión» policial por parte de algunos manifestantes, que motivaron una advertencia de la Comisión Interamericana de DD HH.

 Como respuesta, el gobierno ofreció crear una «mesa técnica» conformada por representantes de las 11 universidades públicas, asociaciones municipales, alcaldías de ciudades capitales, de las nueve gobernaciones y de los gobiernos autónomos indígenas y campesinos, además de representantes de organismos afines.

La Comisión comenzó a trabajar este viernes en una sede de la Universidad Autónoma José Ballivián. “El pueblo boliviano no puede esperar más. No sería democrático ni responsable detener la realización del Censo”, concedió Arce al dar por inaugurada la mesa que determinará “la fecha de su realización de manera absolutamente técnica”.

Previamente, el Gobierno se había mostrado dispuesto a negociar la fecha definitiva, tras postergarla un año (debía realizarse este 2022) por la pandemia, pero para eso pidió el levantamiento de las medidas de presión, que consideró «injustificadas». Según estimó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, el paro y los bloqueos en las calles están generando pérdidas por 36 millones de dólares diarios.

Sin embargo, el gobernador de Santa Cruz, Camacho, descartó participar de la mesa y aseguró que seguirá en las calles apoyando el paro indefinido para que la encuesta nacional se realice en 2023.