Apenas horas después de un muy duro informe preliminar sobre la vulneración de derechos en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en (CIDH) acordó con el gobierno de facto de Jeanine Áñez el envío de un Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) «para coadyuvar en las investigación de los hechos de violencia del contexto electoral entre septiembre y diciembre de 2019», según anunció el organismo. Para los integrantes del MAS, el partido del depuesto presidente Evo Morales hoy refugiado en la Argentina (ver nota en página 13), se trata de una maniobra distractiva que contribuirá a la demonización y persecución ejercida por el actual gobierno.
Según el acuerdo, la tarea del GIEI comenzaba a partir de la firma, este jueves. Que su labor diluirá el debate sobre las graves violaciones a los DD HH en el marco de la represión de las fuerzas armadas y policiales por la que murieron 36 personas, se confirma en el hecho de que la misión está prevista para durar al menos seis meses. Esto fue tomado como una forma de quitar el foco de responsabilidad de la violencia al gobierno de facto y sus dirigentes, en la misma línea adoptada por la Organización de Estados Americanos.
«El GIEI Bolivia será integrado por cuatro personas designadas por la CIDH con un mandato de seis meses que podrá extenderse, por acuerdo de las partes, por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo. El GIEI tendrá mandato para investigar los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades, incluyendo asesinatos individuales o colectivos, lesiones personales, detenciones irregulares o arbitrarias», expuso la CIDH en un comunicado. El acuerdo fue firmado por su secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, y la canciller boliviana Karen Longaric, quien señaló: «Que investiguen sin restricciones de ninguna naturaleza y que ajusten a la verdad de los hechos los informes que vayan a evacuar».
Después de que se difundió el dictamen preliminar que lleva fecha del 10 de diciembre, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lo calificó de «sesgado» y «parcializado», y que «favorece solamente al narcoterrorismo».
Si bien el informe dice abarcar los hechos de violencia ocurridos desde el 20 de octubre, es decir que incluye los días en que Evo todavía era presidente hasta su renuncia 20 días después, hacía énfasis en situaciones producidas desde la proclamación de Áñez como presidenta interina. Se denunciaba «el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el contexto de la contención de las diversas protestas sociales en el país» y en ese sentido «la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos u objetos contundentes».
Mencionaba «la realización de operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de mantener y restablecer el orden público con excesivo uso de la fuerza», y el muy criticado «Decreto Supremo N° 4078 con el fin de eximir de responsabilidad penal al personal de las FF AA que hubiera participado en los operativos para el restablecimiento del orden interno».
