La Central Obrera Boliviana (COB) puso entre paréntesis el bloqueo de carreteras luego de que la Asamblea Nacional aprobara una ley para poner al 18 de octubre como fecha final y definitiva para las elecciones presidenciales. Poco a poco, los cortes de rutas se iban levantando luego de dos semanas de protestas contra la nueva postergación de los comicios, sin embargo, en El Alto, el Cabildo de las Organizaciones Interinstitucionales, y diversas federaciones de trabajadores y campesinos mantenían su reclamo, en el que exigen la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
En una conferencia de prensa, el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, aprovechó para denunciar a los grupos paramilitares que colocaron un artefacto explosivo en la sede de la organización. “No tenemos miedo, ese ataque no fue contra la COB ni contra Huarachi, fue contra el pueblo”, señaló. La entidad, junto con el colectivo de organizaciones nucleadas en el Pacto de Unidad, lanzó la medida de protesta a principios de mes.
El gobierno de facto había apelado a la pandemia, que está haciendo estragos en el país del Altiplano, para posponer nuevamente el llamado a presidenciales. Del 21 de marzo se pasó al 3 de mayo y luego al 6 de setiembre. Todas estas prórrogas fueron negociadas con la dirigencia política en el marco del congreso boliviano. Salvo la última, lo que despertó la desconfianza de los sectores de la oposición y fundamentalmente del MAS iPSP, que con la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca marcha a la cabeza en las encuestas.
Razones para sospechar no faltan: los grupos que dieron el golpe en noviembre pasado son ultraderechistas ligados a la oligarquía cruceña, con una voluntad democrática muy escasa, y dieron el zarpazo mediante acciones violentas y amenazas de bandas armadas. Todo indica que Arce-Choquehuanca ganarían en primera vuelta, de modo que incluso el segundo mejor ubicado, Carlos Mesa -que no pertenece a ese sector- no sería la opción para terminar con el proyecto político de Evo Morales.
El escenario regional, si bien fue favorable para forzar la salida de Morales, no garantiza la permanencia en el poder de los golpistas. Con un gobierno en vísperas de elecciones, como el de Donald Trump, que apoyó la aventura ultraconservadora sin disimulo, y en medio de la operación de las derechas regionales contra el gobierno bolivariano de Venezuela, no hay espacio para impedir el llamado a las urnas.
También es clave el rol que están cumpliendo las instituciones externas, como el Parlasur, la Unión Europea y hasta las Naciones Unidas. El titular del parlamento regional, el argentino Oscar Laborde, encabezó reuniones virtuales de esa entidad con las fuerzas políticas bolivianas, desde Evo Morales hasta Mesa y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.
También hubo encuentros con la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Santos, y el enviado especial de la ONU para Bolivia, Jean Arnault. Todos coincidieron en la necesidad de celebrar elecciones y aceptar la fecha del 18 de octubre como final y definitiva. El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, que fue clave en justificar el golpe al poner en duda el resultado de las elecciones de 2019, guarda un silencio altamente significativo sobre estas cuestiones.
El TSE se comprometió a que el 18-O es la fecha “final, definitiva e inamovible”. Y la Asamblea, con mayoría de legisladores masistas, refrendó ese límite mediante la ley 1315 del jueves pasado. El paso final era que la COB y el Pacto de Unidad terminaran por aceptar la situación. Desde Buenos Aires, Evo llamó a considerar que un enfrentamiento podía ser perjudicial para una salida democrática, habida cuenta de la situación imperante.
Pero a pesar de que desde La Paz buscan judicializar los temas con denuncias contra el expresidente asilado en Buenos Aires -un fiscal lo denunció por terrorismo y genocidio, al considerar que el bloqueo impide la provisión de alimentos y medicamentos-, las decisiones de los manifestantes en las carreteras pasan por otro carril.
Es así que luego de varias asambleas la COB y el PU instaron a levantar las barricadas. Con la advertencia de que permanecerán en “vigilia permanente” para garantizar que no haya nuevas postergaciones, que no habrá fraude y que el gobierno aceptará el resultado. Sin embargo, tampoco ellos conducen un colectivo homogéneo y sumiso, y en El Alto, el líder aymara Felipe Quispe informó que mantendrán los cortes a la vía de ingreso a La Paz “hasta que renuncie la señora Áñez”.
Las autoridades, en tanto, informaron que seis personas habían sido detenidas por el ataque a la central sindical, que no dejó víctimas. Tenían en su poder cartuchos de dinamita y una granada de gas. Huarachi dijo que no temían por las amenazas, tras afirmar que son los que más hacen por pacificar al país. En una entrevista con CNN, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, fue reprendido al aire por no reprimir los cortes de ruta con las fuerzas armadas. “No queremos una guerra civil”, se justificó el funcionario más reaccionario, si cabe, del gabinete de Áñez. «
