La ex presidenta de facto boliviana Jeanine Áñez fue trasladada en las últimas horas de la cárcel de Obrajes a la de Miraflores, cuando parecía que sería llevada  a una clínica. Es que sus familiares aseguraron que padece un severo cuadro de depresión y que no se alimenta por sus porpios medios. En función de ello, se anticipó que conducida desde el penal a la Clínica del Sur, ya que la instancia habría sido autorizada por los tres jueces que participan en la causa presentada por su hija Carolina Ribera. Pero la orden que llegó fue otra, lo que causó revuelo en La Paz.

La pregunta es si esa denuncia se condice con la operación, ya muy clara  que apunta a desestimar la postura del gobierno de Luis Arce de investigar a fondo los hechos devenidos del golpe de Estado producido en 2019 y que significó la salida de la presidencia y del país de Evo Morales y la asunción de Añez.

Esos fueron los últimos movimientos en una semana movida para el nuevo gobierno, ya que se planteó un durísimo cruce con la OEA, en la figura de su secretario general, Luis Almagro, quien descalificó el proceso judicial boliviano en el caso golpe de Estado. Ante el exabrupto del uruguayo quien durante las elecciones previas al golpe, fue partícipe de la operación para desacreditar esas compulsas e instalar la idea de fraude, ahora, la cancillería boliviana convocó a los países miembros de la OEA a “defender la Carta del organismo internacional de no intervención”. Almagro había pedido el pasado lunes la liberación de la expresidenta de facto y de sus ministros. En respuesta, el gobierno de Arce lo acusó de representar «posiciones que denotan injerencia e intromisión en los asuntos internos» y adelantó que iniciará acciones legales.