Entre las necesidades políticas y la angurria desmedida que prima en su pandilla, Jeanine Áñez, apropiadora del gobierno de Bolivia desde el 10 de noviembre del año pasado, atraviesa un mes crítico. En mayo ha ido dándole forma a su proyecto de entrega de la soberanía y de los sectores estratégicos hasta ahora en manos del Estado, para lo que dictó medidas e hizo nombramientos en favor de los grupos nacionales del sector agroindustrial y de las multinacionales ligadas a la energía y las comunicaciones. Esto vino acompañado de cambios permanentes de ministros y altos funcionarios, inevitables ya por una inocultable corrupción que incluye hasta la protección al narcotráfico (ver aparte).
Con barbijo blanco y a la distancia reglamentaria –“casi un símbolo de pureza”, describió el 7 de mayo la agencia informativa oficial ABI–, asumió como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el ingeniero Richard Botello. Lejos de reclamarle obediencia a Dios y los santos evangelios, en el acto de jura el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, le pidió “transparencia” (sic), porque su predecesor había volado por “pérdida de confianza”, un concepto que el gobierno apropiador utiliza cuando quiere decir corrupción y que, por repetición, se ha convertido en muletilla.
Botello es el empresario petrolero más poderoso en un país que depende del petróleo, CEO desde hace 21 años de la norteamericana Schlumberger, la mayor prestadora de servicios del mundo a empresas petroleras, nacida en Houston (Texas) pero registrada en el paraíso fiscal de Willemstad (colonia holandesa de Curaçao). Botello es el tercer presidente de la empresa estatal en la corta vida del gobierno apropiador. Hasta el día anterior a su asunción ocupaba el privilegiado cargo en la multinacional, lo que legalmente le impedía asumir un puesto oficial. Pero qué le va a hacer una mancha más al tigre, habrá pensado Áñez. Botello reemplazó a Herland Soliz, que llevaba cuatro meses en el cargo y marchó por “pérdida de confianza”.
El 20 de mayo, en medio de la emergencia sanitaria global, fue detenido el ministro de Salud, Marcelo Navajas, un médico con cierto prestigio profesional que había asumido 37 días antes, solamente. Además de ser un fuerte empresario del sector, fue durante 20 años el encargado de cuidar la salud de los embajadores de Estados Unidos –hasta que los hubo, en 2008– y el personal de la sede diplomática y de la agencia antidrogas DEA. Según la Policía Nacional, Navajas se tentó con la ejecución rápida de un crédito del BID y arregló mediante intermediarios la compra directa de 170 respiradores de la empresa española GPA Innova. Pagó 4,7 millones de dólares por lo que vale 1,5 millones.
Entre el golpe contra YPFB –que siguió al desguace de la telefónica Entel y la línea aérea BoA– y la prisión de Navajas, Áñez se extremó en las medidas a favor de la agroindustria. Acuciada por la falta de respaldo a su candidatura, con la que pretende convertirse en una presidenta constitucional, abrió las puertas a las semillas transgénicas de las que Bolivia era, hasta ahora, el único país libre del Cono Sur. Además, liberalizó la exportación de productos agrícolas (sacrificando al mercado interno), ambientó las demandas de los grandes propietarios para recuperar tierras revertidas al Estado durante el gobierno de Evo Morales y favoreció la quema de bosques para extender la frontera agrícola.
Mientras se generaliza el reclamo por la fijación de una fecha precisa para la celebración de las elecciones que debieron realizarse el 3 de mayo, y la morigeración de la cuarentena sanitaria, hay una veintena de puntos neurálgicos tomados por los pobladores. Sindicatos y organizaciones sociales advierten sobre la inminencia de acciones más radicales contra las medidas en favor de la agroindustria, el apoyo a la banca privada, los acuerdos con el FMI y la apertura a los capitales transnacionales para la explotación del litio y los hidrocarburos, con las que se busca restaurar el modelo neoliberal desmontado en los 13 años de gobierno de Evo Morales.
Narcotráfico
Tras haber sido un eficiente promotor del golpe de Estado contra el gobierno constitucional y democrático de Evo Morales (2006–2019), el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), obispo Ricardo Centellas, se desbocó y criticó al nuevo oficialismo como Jeanine Áñez no lo esperaba de su socio de hacía sólo seis meses. El prelado habló el 7 de mayo, en el Día del Periodista, horas después de que Áñez firmara un decreto con graves amenazas contra quienes “desinformen sobre la pandemia”. Bien claro, contra los periodistas que digan la verdad.
Centellas condenó la autorización de siembra de semillas transgénicas, fue duro contra la censura informativa y se preguntó qué intereses se mueven tras los vuelos de avionetas y aviones en pistas non sanctas. Habló de “narcoavionetas”. En esos días se había denunciado a “narcojets” que emplean la pista de Guayaramerín, Beni, el pago de Áñez. Se recordó la intercepción en México de un vuelo con una tonelada de cocaína que había despegado de Guayaramerín, de la detención en Brasil de Carlos Áñez, sobrino de la dictadora y, sobre todo, del pedido de captura internacional de Gustavo Álvarez Peralta, miembro del cartel de Jalisco. Áñez había designado a Álvarez Peralta como Director General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria.
