La visita de tres días en Venezuela de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, culminó el viernes con un balance que deja al gobierno de Nicolás Maduro fortalecido frente a su reclamo internacional de hacer cesar el bloqueo económico impuesto por los EE UU y a la posibilidad de hallar una solución con los espacios opositores en la mesa de diálogo abierta por el reino de Noruega. El informe definitivo, que también será muy crítico de la situación judicial y la crisis social, entre otros, se presentará el 5 de julio en Ginebra. La expresidenta chilena adelantó igualmente varias conclusiones de sus actividades que incluyeron reuniones con los más diversos representantes de la sociedad civil, entre ellos el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, y el presidente Maduro. «Todos me transmitieron cómo la situación humanitaria se ha deteriorado, incluyendo el derecho a la salud, el agua, la alimentación, educación», advirtió aunque fue contundente al señalar «preocupación» por el hecho de que «las sanciones impuestas este año sobre las exportaciones del petróleo y oro, estén exacerbando la crisis económica».

Bachelet pidió también la liberación de opositores presos en Venezuela, cuya situación humanitaria consideró «grave», y designó a dos delegados para vigilar el respeto de las garantías fundamentales. «Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que un pequeño equipo de oficiales de DD HH permanezca aquí, brindando asistencia y asesoría técnica, y para continuar monitoreando la situación de DD HH en Venezuela», informó.

La expresidenta chilena aseguró que el gobierno se comprometió a evaluar el trabajo de un comité de prevención de la tortura –ya existente– y a permitir que sus delegados entrevisten a detenidos. Maduro, principal promotor e interesado del desarrollo de la visita, se comprometió públicamente a «tomar con toda la seriedad» las «sugerencias, recomendaciones y propuestas» de la comisionada. Pese a la dureza de algunas de sus observaciones, el balance de la visita no fue el esperado por la oposición radicalizada, que sin duda especulaba con una condena mayor hacia el presidente al que considera un «usurpador» en el cargo. Por el contrario, Bachelet no se expidió sobre el tema ,y mantuvo el protocolo reconociendo a Maduro como legítimo presidente. La reunión con Guaidó no tuvo el impacto que el legislador y sus seguidores esperaban. Dentro del chavismo consideran que el dirigente de Voluntad Popular perdió aceptación tras una denuncia por desvío de fondos supuestamente destinados a la «ayuda humanitaria» fallida que organizó en febrero pasado (ver aparte).

Bachelet no opinó sobre el pedido de renuncia y convocatoria a elecciones de la oposición. En cambio insistió en la importancia de la mesa de Oslo, el espacio abierto para conversaciones al que el propio Guaidó había descalificado varias veces y que parte del chavismo considera de gran importancia. «Entiendo el escepticismo de algunos acerca de la posibilidad de que cualquiera de estas negociaciones prosperen, pero la grave situación en el país debe instar a los líderes a intentarlo», expresó Bachelet. «