El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ha dado un vuelco significativo en la última semana. La publicación del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– reveló que integrantes de la Marina y el Ejército espiaron a los jóvenes, falsificaron documentos probatorios y prepararon el sitio donde se hallaron restos de algunos de ellos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se sumó al reclamo de esclarecimiento en un comunicado en el que insta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a realizar una “investigación exhaustiva” a partir de las nuevas evidencias aportadas por la GIEI. El EAAF había hallado fragmentos de hueso de Alexander Mora, uno de los estudiantes, en el basurero de la localidad de Cocula, tras el trabajo iniciado en el lugar el 27 de octubre de 2014.

El informe del GIEI aportó un video de un dron de la Marina de algunas horas antes de que la Procuraduría mexicana y el EAAF comenzaran los peritajes. El video registró el trabajo de una decena de personas cavando, moviendo elementos en el suelo del basurero y desplazándose por el lugar.

“En el medio de este escenario de graves irregularidades ocurridas durante la administración de gobierno anterior, se produjo la identificación de Alexander Mora a partir de un fragmento óseo. Esta identificación no está científicamente en duda. Sin embargo, el lugar oficial de hallazgo en el Río San Juan ya ha sido fuertemente cuestionado, tanto por la investigación actual de la Unidad Especial de la Procuraduría para el caso, como por el GIEI y por el EAAF. Por lo tanto, el origen verdadero de ese fragmento continúa siendo desconocido y es clave para esta investigación”, expresa el comunicado del equipo forense argentino.

Esta aclaración pone el foco sobre el giro complejo que estas nuevas revelaciones implican: el basurero de Cocula, que es señalado como el lugar de la “verdad histórica” donde habrían sido asesinados, incinerados y enterrados los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, acaba de perder tal condición y el esclarecimiento del caso se abre a un abismo de incertidumbres.

Según el informe del GIEI, las responsabilidades del Ejército y la Marina tienen múltiples ramificaciones. Habrían existido infiltraciones en el grupo de normalistas días antes de su desaparición. Por tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo información “minuto a minuto” sobre los estudiantes, pero nunca fue puesta a disposición de la Justicia.

Los familiares reclamaron que AMLO genere los mecanismos que hagan que Enrique Peña Nieto, expresidente, concurra a declarar a partir de estas revelaciones que implican la participación de miembros de su gobierno en el crimen.

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, declaró que este nuevo escenario muestra “un juego sucio de las Fuerzas Armadas que en nada ha contribuido a la verdad, con una visión contrainsurgente que no tenía el objeto del esclarecimiento de estos hechos”.