El extenso proceso legal de Julian Assange entrará el próximo martes en una nueva fase, cuando su equipo legal del fundador de WikiLeaks presente una nueva solicitud de apelación ante el Tribunal Superior de Londres tras perder un recurso similar. Así lo confirmó en un mensaje en Twitter Stella Assange, esposa del periodista que enfrenta una severa condena en los Estados Unidos si es extraditado desde el Reino Unido.
El Gobierno de Washington acusa a Assange principalmente de espionaje y conspiración para cometer espionaje, y alega que el periodista puso en peligro la seguridad nacional al publicar miles de documentos clasificados a través de su plataforma WikiLeaks, revelando operaciones confidenciales y exponiendo información sensible.
El futuro de Assange
En caso de ser extraditado y condenado, el periodista podría pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad, ya que las acusaciones que enfrenta llevan consigo penas de prisión significativas. “El asunto pasará entonces a una audiencia pública ante dos nuevos jueces en el Tribunal Superior y seguimos siendo optimistas de que prevaleceremos y de que Julian no será extraditado a los Estados Unidos», afirmó Stella.
John Shipton, padre de Julian Assange, respaldó la nueva apelación, asegurando que los motivos para una nueva audiencia son «claros, firmes y justos», según consignó el diario The Guardian. «La familia de Julián observa horrorizada, y todas las personas imparciales del mundo observan con profunda inquietud y alarma», añadió Shipton.
La defensa de Assange sostiene que la ex ministra del Interior Priti Patel, se equivocó al aprobar la orden de extradición, ya que esta acción violaría el tratado de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido, que establece que «no se concederá la extradición si el delito por el que se solicita es un delito político».
Además, el equipo legal argumentó que está siendo procesado por ejercer su derecho a la libertad de expresión y que la solicitud de extradición en sí misma constituye un abuso de proceso. También acusan al gobierno de Estados Unidos de distorsionar de forma sistemática los hechos fundamentales del caso ante los tribunales británicos.
