La Cancillería de Venezuela denunció este jueves que el gobierno de Mauricio Macri bloqueó el que iba a ser la cuarta edición del programa «Vuelta a la Patria» desde Buenos Aires y que iba a llevar de regreso a 90 venezolanos que habían venido a probar suerte a la Argentina. El canciller Jorge Arreaza adelantó en su cuenta de Twitter que «el gobierno de Argentina no ha aprobado los permisos necesarios para el vuelo humanitario» programado el 12 de abril «violentando los derechos humanos de 90 compatriotas que desean regresar a casa, a su tierra». En una comunicación difundida desde la embajada venezolana en Buenos Aires, el encargado de negocios Juan José Valero expresó su «preocupación» y advirtió que «estas 90 personas entre las que se encuentran niños, ancianos, personas con discapacidad, con enfermedades que requieren tratamiento urgente, no van a poder trasladarse a la patria ante la negativa de dar los permisos necesarios para el aterrizaje, la pernocta y despegue del avión designado por el Estado venezolano para cumplir esta misión. Consideramos que dicha negativa constituye un atentado directo contra los derechos humanos fundamentales de todas estas personas, por eso hacemos un llamado a la reflexión en aras de considerar el carácter humanitario e inclusivo de dicho proyecto».

Hasta el cierre de esta edición la Cancillería argentina no se había expedido al respecto. En cambio anunció que otorgó a la venezolana residente en Argentina, Elisa Trotta Gamus, «las credenciales que la acreditan como Representante del Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó».

El Plan Vuelta a la Patria fue creado en agosto de 2018 por el presidente Nicolás Maduro para establecer un puente aéreo y terrestre para el retorno voluntario de todos los migrantes y sus familias que no cuentan con los recursos para regresar a su país. En la Argentina comenzó a implementarse un mes después con el primer contingente que volvió a su país después de padecer las dificultades de la economía argentina, la imposibilidad de costear alquileres y otros costos obligatorios y la escasa o nula posibilidad de acceder a empleos calificados, como narraron a Tiempo algunos de los 86 venezolanos que se acogieron al plan en esos días.

En tanto el presidente Nicolás Maduro anunció que pondrá en marcha un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que Venezuela reciba «ayuda humanitaria». El gobierno y el CICR acordaron «trabajar conjuntamente con los organismos de la ONU para traer a Venezuela toda la ayuda de carácter humanitario que pueda traerse», dijo el mandatario en cadena de radio y televisión.

Es la respuesta de Maduro, quien igualmente niega que el país sufra una «crisis humanitaria» como denuncia la oposición y todos los países agrupados contra el chavista, al intento del opositor autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, quien no pudo concretar una acción «humanitaria» apoyada por Estados Unidos, que consistía en ingresar donaciones en alimentos y medicinas a través de las fronteras con Colombia, Brasil y Curazao.  «