Cuando la Asamblea Plurinacional de Bolivia posesionó al nuevo presidente, Luis Arce, y a su vice, David Choquehuanca, se cerró un círculo oscuro en el país latinoamericano que duró un año casi exacto, desde el golpe de Estado que forzó la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre e instauró luego el interinato de facto de Jeanine Áñez. A la vez comienza una nueva etapa, no sólo para los bolivianos, sino para la región, que será vista con atención desde distintos lugares del mundo, en una época de choques culturales y cambios significativos. Esta nueva etapa estará signada, en lo inmediato, por el abordaje urgente a los problemas económicos resultado de la gestión de Áñez, profundizados por la pandemia: una caída brusca del PIB del 7.3% y un aumento dramático de la pobreza superior al 30%, según el Banco Mundial. El otrora ministro de economía de Evo, autor del “milagro boliviano”, una recuperación histórica reconocida en todo el mundo, prepara una serie de medidas de impacto. Aún sin conocerse el gabinete, algo que se ha mantenido en total hermetismo y se conocerá probablemente esta noche o directamente mañana, cuando juren los nuevos funcionarios; se sabe cuáles serán las primeras acciones. Una de ellas, quizá la más importante e inmediata, será la aplicación del bono contra el hambre, ya aprobado por la Asamblea, dirigida a atenuar los padecimientos de cerca de 2 millones de personas que viven en extrema pobreza. Otras serán la reducción del Impuesto al Valor Agregado para pagos con tarjetas de crédito, y su devolución para las personas de bajos ingresos. Arce afirmó también que buscará apuntalar el peso boliviano para evitar “una devaluación”.
Durante la transición previa a la asunción, el gobierno del MAS-IPSP elaboró un informe que, aseguró, se dará a conocer en las próximas horas, que reprueba duramente la gestión saliente en términos económicos y jurídicos. En una conferencia de prensa del viernes a última hora, se señalaron los puntos más destacados de este documento. “Estamos recibiendo información de un gobierno del desastre, una información caótica, una información que infelizmente demuestra y corrobora el casi un año de caos, un año de robo que ha habido al Estado boliviano”, dijo Wilfredo Chávez, miembro de esa comisión. Mencionó cinco “casos emblemáticos de corrupción” del gobierno de facto. Entre ellos, el “robo en el archivo del Ministerio de Salud de computadoras y documentación” que probarían maniobras ilícitas en el caso de la compra de respiradores. Otro tiene que ver con la entrega de tierras y viviendas a la familia de uno de los ministros de Áñez. También se ponen en duda pagos millonarios a último momento del Ministerio de Obras Públicas para un programa de viviendas. Algo similar ocurre con las convocatorias sobre la hora para licitar los subsidios de lactancia y prenatal, una política que el gobierno de Áñez desconoció todo este tiempo.
“Pese a que este gobierno decía que nos estaba dejando 17.000 millones de bolivianos de bonanza, solo se habría encargado de dejar deuda flotante, deuda interna, un país poco más en ruinas que desdice lo que nos dijeron sus personeros”, precisó Chávez.
Las declaraciones del equipo de transición muestran con claridad que la nueva gestión apuntará a los retrocesos causados por el gobierno de facto y no dejará pasar ninguna medida considerada lesiva contra el pueblo, desde lo político y lo jurídico. En esa línea, la Asamblea ya había aprobado solicitar a la fiscalía que inicie un proceso contra Áñez y sus funcionarios por las masacres de Sacaba y Senkata de mediados de noviembre de 2019. Por su parte, Áñez se retiró ayer a su residencia en el departamento del Beni, y desde allí, dijo, se defenderá de “los que hoy me están acosando”.
Si la agenda se cumple con puntualidad, Arce y Choquehuanca tomarán posesión de sus cargos a las 11.40 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el Palacio Legislativo de La Paz. La ceremonia se trasladará luego a la Casa Grande del Pueblo, el emblemático edificio construido durante la gestión de Evo para el funcionamiento del gobierno, que el interinato de facto había abandonado para regresar al viejo Palacio Quemado, argumentando el ahorro de dinero público. Allí recibirán a los presidentes y delegaciones internacionales y les ofrecerán un almuerzo. Entre los invitados estarán el presidente argentino Alberto Fernández y el Canciller venezolano, Jorge Arreaza, cerrando la polémica abierta con la invitación de parte de Áñez al autoproclamado Juan Guaidó.
Quien estará ausente de toda la ceremonia será Evo Morales, quien este mismo lunes emprenderá la caravana de regreso a su país (ver aparte). Ya había avisado que no participaría, porque “el protagonista de ese día es Lucho”. Cómo seguirá la relación de Evo con su pueblo y con la gestión de Arce, de la que anunció que no participará, será también parte del nuevo escenario que se abre en Bolivia y en la región. «
POBREZA
30 por ciento, según los cálculos del Banco Mundial, aunque el MAS-ISPS aseguró que, en realidad, los valores son muy superiores.
JEANINNE AÑEZ
361días tuvo su gobierno que, declaró, iba a durar dos meses para llamar a nuevas elecciones. Fue candidata a presidenta: luego apoyó a Meza.
«Bruma sin base probatoria»
Mientras todos los organismos que intervinieron como veedores y el propio Tribunal Superior Electoral ratificaron la validez y transparencia en los resultados de los comicios que le dieron un triunfo contundente al MAS-IPSP, la derecha más extrema liderada por el excandidato Luis Fernando Camacho lanzó en los días previos una feroz campaña con el fin de “evitar” la toma de posición de Arce, o deslegitimar su victoria. Los líderes de la rica región boliviana de Santa Cruz, donde Camacho obtuvo el 14% en las generales pero ganó en su distrito con 45%, iniciaron el jueves una huelga de dos días. «Las provincias cruceñas acatan disciplinadamente el paro cívico en defensa de la democracia y exigiendo auditoría a las elecciones», afirmó uno vocero “cívicos”. Camacho quiso entregar a la presidenta de facto saliente, Jeanine Áñez, un documento exigiendo “que mediante decreto supremo ordene una auditoría completa a todo el proceso electoral”. Pero cómo él mismo dijo por Twitter, la tentativa fue “sin éxito”.
El TSE negó la posibilidad de una auditoría y en un cominicado oficial ratificó la transparencia del proceso “como lo han señalado de manera unánime los informes de las misiones de observación internacional”. El mismo jueves la OEA, promotora de las denuncias por fraude que derivaron en el golpe de Estado de 2019, anunciaba el aval a los resultados 2020. A su vez, el jefe de la misión del Centro Carter, José Antonio de Gabriel, dijo que las denuncias lo “entristecen” y las calificó de “bruma sin base probatoria”.
