Brasilia
El Senado brasileño aprobó en la madrugada someter a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio de destitución y dejó su mandato a una votación de terminar abruptamente con más de 13 años de la izquierda en el poder.
Tras más de 15 horas de debate, los senadores dieron un fuerte respaldo al impeachment de la primera mujer en presidir Brasil, suspendida desde el 12 de mayo acusada de haber violado la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso. Los cargos, considerados «crímenes de responsabilidad» que son castigados con la pérdida de la presidencia, tuvieron 59 votos a favor y 21 en contra, un resultado holgado que prenuncia un escenario difícil para Rousseff, ya que fueron cuatro votos más que cuando el proceso fue admitido para ser analizado y cinco más que la mayoría especial de dos tercios (54) necesarios para la destitución definitiva.
Masivas protestas mientras votaban los senadores
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Esto se produce a pesar de que peritos y un procurador de la República en Brasilia han descartado la acusación de irresponsabilidad fiscal. Es más, el fiscal federal Iván Marx archivó por inexistencia de delito la denuncia sobre las «pedaleadas fiscales» de Rousseff para completar el Plan Zafra de 2015 para asistir a campesinos y pequeños productores, lo que para la defensa de la presidenta constitucional derriba la tesis de que el gobierno usó créditos de bancos públicos para cumplir obligaciones presupuestarias.
«La decisión indica que no existe dolo, que no hubo crédito, es una interpretación jurídica que es demoledora de la acusación en todos los aspectos. No hay crimen (delito). No hay ilegalidad, eso es lo que dice el fiscal en su decisión», sostuvo José Eduardo Cardozo, ex ministro de Justicia y ex abogado general del gobierno de Rousseff.
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Para los senadores que aprobaron el juicio político, en cambio, la rotunda decisión en la Cámara Alta «indica que en este proceso tan discutido en el Senado ya hay una posición definida. Es muy difícil que haya algún hecho que pueda cambiar esto», según dijo el senador Romero Jucá.
Jucá, del partido de centro-derecha PMDB que conduce el vicepresidente Michel Temer que sucedió transitoriamente a Rousseff y se convirtió en su principal enemigo político, aseguró que la presidenta perderá su cargo entre el 28 y el 29 de agosto.
«Es culpable por acción u omisión», había dicho horas antes durante su discurso Miguel Reale, uno de los juristas que suscribió el pedido de impeachment y que representó la parte acusadora durante la sesión.
La defensa, en manos de Cardozo, pidió la absolución de la presidenta y cuestionó el potencial castigo de la pérdida del mandato: «Un presidente de la República sólo puede ser separado de su cargo si hay un atentado contra la Constitución. Debe ser un crimen mayor.»
Cardozo dijo «estar del lado correcto de la historia».
Con los Juegos Olímpicos de Río-2016 capturando la atención de los brasileños que por primera vez tienen a la élite del deporte mundial en sus tierras, la sesión tuvo un tono intenso y pletórico de metáforas vinculadas a la competencia.
Aún resonaban los discursos en el recinto antes de la votación, cuando la leyenda de la natación mundial Michael Phelps ganó dos medallas de oro y subió su colección personal a 21 preseas doradas.
Rousseff debió salir del Palacio de Planalto el 12 de mayo. Denuncia ser víctima de un «golpe parlamentario» y ahora sólo dispone de una oportunidad más, la fase final del juicio, para evitar su debacle y la del Partido de los Trabajadores fundado por Luiz Inácio «Lula» da Silva hace más de 30 años.
Los hombres de Temer afirman por su parte que es un caso juzgado y que en la instancia definitiva podrían sumar más apoyos.
Esa instancia empezará cuatro días después de la ceremonia de clausura de los Juegos y se extenderá por cinco días. En caso de ser sentenciada, Rousseff quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años.
«Lamento que el Senado esté escribiendo una de las páginas más tristes de su historia, hiriendo de muerte a la democracia», dijo lacónicamente el senador Jorge Viana, del PT, al cerrar su presentación.
Presidente interino, en ejercicio
Rousseff, una exguerrillera de 68 años, sostiene que Temer orquestó el «golpe».
A sus 75 años, este abogado constitucionalista decidió que su partido abandone la coalición de gobierno que formaba con el PT para liderar un frente en favor de la destitución que le asegure la presidencia hasta el 31 de diciembre del 2018, cuando debía terminar el mandato de Rousseff.
Llamado «presidente en ejercicio» o «presidente interino», Temer pidió acelerar el impeachment porque la gente «necesita saber quién es el presidente» y planea asistir a la cumbre del G-20 en China, a inicios de septiembre, sin tener que cargar adjetivos adicionales a su función. A nadie escapa también que la ola mediática alrededor de los Juegos Olímpicos es un buen momento para que el proceso pase a un segundo plano para los grandes medios internacionales.
El gobierno de Rousseff, que inició su segundo mandato en 2015 y debe entregar el poder el 1º de enero de 2019, se astilló por una recesión económica y las acusaciones de corrupción que lo vincularon a una inmensa red de sobornos en la estatal Petrobras. Una red de la que no son ajenos los partidos que ahora la juzgan y que incluso con este proceso en su contra, señala el PT, buscan tapar sus propias responsabilidades en esos delitos
Recluida en la residencia presidencial, la mandataria dijo que publicará una carta donde se comprometerá a convocar un plebiscito para que los ciudadanos decidan si quieren adelantar elecciones.
«Vamos a convocar una elección general para dar una salida a la crisis política. Eso es coraje, osadía. Sacar a una presidenta no lo es (…). Hipócritas, hipócritas, hipócritas», dijo la senadora Gleisi Hoffmann, una de las espadas del PT en el Senado.
Para Jucá, es ficción política.
Entre la batería de último minuto que busca defender su mandato, el equipo legal de Rousseff analiza recurrir ante la Corte Suprema y legisladores del PT dijeron que habían hecho una presentación ante la OEA denunciando la situación en Brasil.
Si pierde el poder, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en caer a manos del Congreso en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor, quien se pronunció en favor de la destitución.
