Cuando se están por cumplir los cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa de Iguala, un distrito del estado de Guerrero, la Fiscalía General de la República (FGR), tomó el compromiso del nuevo gobierno mexicano para impulsar desde cero “una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en años pasados”.
La novedad fue transmitida por el abogado de la mayoría de los familiares de los chicos desaparecidos luego de una reunión con el procurador general, Alejandro Gertz Manero. El titular de la FGR fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en enero de este año y se puso como prioridad avanzar en una investigación que desde el inicio, durante la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto, fue severamente cuestionada por los padres de los jóvenes.
Es que el caso estuvo teñido de sospechas hacia las autoridades municipales, estaduales y federales por la presunta responsabilidad de agentes uniformados en la desaparición de los adolescentes del colegio Raúl Isidro Burgos que iban a un homenaje, el 2 de octubre de 2014, a víctimas de la masacre de Tlatelolco, que se registró en 1968 en la capital azteca.
Las huellas de la policía local están en todo el rastro que lleva a los estudiantes que iban en un ómnibus y que nunca llegaron a destino. El 26 de septiembre de 2014, fueron atacados a balazos por agentes en el municipio Iguala. En el ataque murieron seis y 43 fueron detenidos. Según la versión oficial, fueron entregados a sicarios del cartel Guerreros Unidos, que las asesinaron y quemaron sus restos en un basurero del municipio de Cocula.
Sin embargo, investigadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) convocados por familiares de los 43 estudiantes determinaron que “no se pudo establecer con certeza que alguno de los miles de restos encontrados en el Basurero de Cocula correspondiera a los estudiantes normalistas. Por el contrario, entre estos restos recuperados sí se encuentran algunos pertenecientes a personas distintas a los normalistas, como se ha establecido por vía científica». A conclusiones similares llegaron expertos que elaboraron un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH)
Ni bien asumió su cargo, en diciembre de 2018, AMLO formó una comisión investigadora para determinar responsabilidades. Gertz Manero deslizó que la pesquisa debe recomenzar desde cero, algo imposible a esta altura por la certeza de que hubo desvíos intencionales y ocultamiento de pruebas a esta altura posiblemente irrecuperables.
En todo este escenario, la semana pasada fueron liberados 24 acusados por el caso de los 43 estudiantes. Entre los que salieron de la cárcel figura Gildardo López Astudillo, conocido como el «Cabo Gil», sindicado como líder de Guerreros Unidos. Lo insólito es que López Astudillo confesó haber cometido el crimen y que hay grabaciones telefónicas realizadas a Chicago en inglés donde aparecería pidiendo instrucciones sobre qué hacer con los estudiantes. La intercepción se produjo en el marco de una investigación por tráfico de drogas hacia EEUU.
El subsecretario de Gobernación de AMLO, Alejandro Encinas, indicó que el presidente dio instrucciones para investigar a los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso desde hace 5 años. «La liberación de López Astudillo es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada», protestó Encinas.
Según los datos que aportó, hubo 169 personas sometidas a pesquisa por la desaparición, entre civiles, policías y miembros de Guerreros Unidos, el alcalde de Iguala y su esposa. Del este total, 142 quedaron detenidas pero con el tiempo, 53 recuperaron la libertad. En algunos casos, porque sus detenciones fueron irregulares y en 29 casos las declaraciones fueron obtenidas mediante tortura.
La indebida investigación realizada con tantas irregularidades, hizo que «la mal llamada ‘Verdad Histórica’ se construyera sobre la simulación y la fabricación de pruebas, en contra del derecho de los detenidos y de los familiares de las víctimas», cita un cable de la agencia Sputnik al subsecretario Encinas.
En junio pasado, Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México había condenado actos de tortura cometidos contra uno de los detenidos al tiempo que pidió investigar con urgencia la desaparición de los 43 jóvenes. Fue en respuesta el caso de Carlos Canto Salgado, quien aparece en un video con los ojos vendados, atado, sometido a asfixia, electrocución y golpizas. «La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena categóricamente tales actos de tortura y reitera el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura», dijo en un texto la DH.
«Vamos a empezar una nueva investigación», consignó Omar Gómez, fiscal especial designado para este caso. Una muestra de impotencia institucional.
