Finalmente, el gran debate abierto por la derecha regional sobre un presunto golpe de Estado y la disolución de la Asamblea Nacional de Venezuela fue zanjado por la propia fiscal general, Luisa Marvelia Ortega Díaz, quien tildó de «ruptura del orden constitucional» a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir funciones legislativas. De ese modo, esta mujer que ocupa su cargo desde 2007 y tiene mandato hasta 2021, y a la que nadie podría catalogar de antichavista, terminó por forzar una marcha atrás del TSJ en un fallo que había convertido al gobierno de Nicolás Maduro en el blanco de las críticas de todos los medios hegemónicos y de los sectores conservadores, en un momento particularmente delicado para la región. 

A horas de la elección clave en Ecuador, la definición de «autogolpe» para este nuevo capítulo venezolano sonó a música para los oídos del banquero Guillermo Lasso, que aspira a derrotar al candidato de Rafael Correa, Lenin Moreno. 

La situación en Venezuela se oscureció desde la muerte de Hugo Chávez, un líder de una estatura difícil de igualar, en un escenario internacional adverso para le economía de los países de la periferia. Con el petróleo en baja, la excluyente fuente de ingresos de Venezuela golpea cualquier expectativa de recuperación para un gobierno que todavía no alcanzaba a consolidarse. 

La mano del Departamento de Estado, por otro lado, nunca dejó de hacerse sentir en cada uno de los países del «patio trasero», como repite el último ocupante de ese cargo con Barack Obama, John Kerry. De modo que los golpes parlamentarios de Honduras, Paraguay y Brasil repercutieron en el esquema bolivariano que Chávez había logrado imprimir a la integración latinoamericana. 

Pero todo está en disputa. Y el rechazo de los medios y de sectores conservadores paraguayos a una enmienda que permita la reelección presidencial solo puede entenderse en el contexto del fuerte respaldo popular del destituido Fernando Lugo para volver al Palacio de López. Ni aunque el empresario Horacio Cartes les asegure que puede repetir mandato los tranquiliza. 

Mientras tanto, el Brasil que sucede a la también destituida Dilma Rousseff es bastante más escandaloso que cualquier imputación a Maduro: el jueves se conoció la sentencia a 15 años de prisión por corrupción al impulsor del impeachment, Eduardo Cunha. Y Michel Temer podría ser el próximo en dejar el Planalto si avanza la causa por haber aceptado sobornos de Odebrecht. ¿Habrá que recordar que Rousseff fue expulsada por una maniobra contable pero no por delitos? ¿Qué fue del orden constitucional, en estos casos? «