Jaqueada por las crecientes protestas que este fin de semana se extendieron a la capital, Lima, la presidenta interina Dina Boluarte aseguró que no va a renunciar, pese a la masacre de casi 50 muertos por la represión, que la Justicia investiga por posible “genocidio” y la crisis en su propio gabinete.

En Lima, las protestas comenzaron el jueves con marchas exigiendo el «Cierre del Congreso Ya. Nueva Constitución», y clamando «Dina, asesina, renuncia enemiga». Entre la decisión de la investigación de genocidio y la reproducción y ampliación de las denuncia, en los circulos políticos peruanos creció la posibilidad de que haya un adelantamiento de las elecciones para el transcurso del año y no para abril del próximo, decisión que tomó la presidenta en funciones junto con el parlamento, medida que no logró aquietar las aguas.

Mientras tanto, las calles de la capital comenzaban a poblarse de manifestantes de los sectores más populares del país, que se fueron trasladando desde el interior profundo para hacerse sentir en su  reclamo, a pesar de las amenazas públicas y la represión orquestada por la derecha y ejecutada por el gobierno.

Si bien las acciones comenzaron en la región sur, los participantes aseguran que ya se convirtió en una causa nacional. “Ahorita se está reiniciando ya en todo el país. La parte sur ha iniciado, pero la parte centro y norte están en movimiento”, aseguró a Tiempo Santos Saavedra Vázquez, referente de movimiento rondero de campesinos, un colectivo de cerca de dos millones de integrantes que encabeza el apoyo al destituido presidente Pedro Castillo y reclama elecciones inmediatas, en oposición a la fecha fijada por el Congreso de abril de 2024. Además de la instauración de una Asamblea Constituyente.

Perú vivió en el inicio del fin de semana una nueva jornada de protestas con una cifra cercana a la centena de bloqueos en ocho regiones Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Puno, Moquegua y Tacna.

Las ciudades movilizadas fueron Cusco, afectando al tren a Machu Picchu; Arequipa, segunda ciudad del país y cuna de revoluciones. También hubo marchas en Tacna, 1.220 km al sureste de Lima, limítrofe con Chile, país que cerró temporalmente su paso. Justamente, por el clima de violencia, varios países de la región aconsejaron a sus compatriotas evitar viajar a Perú, entre ellos Brasil y Chile. La Cancillería Argentina recomendó asumir “cuidadosamente la decisión» de visitar el país.

En ese contexto, Boluarte dijo lamentar las muertes y confirmó que permanecerá en el cargo que asumió luego de que el Congreso destituyera a su antiguo compañero de fórmula, en lo que se considera un golpe Parlamentario. «Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, azuzando a la población al caos, desorden y destrozos, a ellos les digo de manera responsable: no voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú», dijo en un mensaje transmitido por la televisora estatal la noche del viernes. A la misma hora se producían nuevos cambios de gabinete en las carteras de Interior, Trabajo y Mujer y Poblaciones Vulnerables, como claro reflejo de la crisis política que atraviesa el país. Boluarte también rechazó la posibilidad de una Constituyente que reforme la Carta Magna, acaso uno de los principales factores de inestabilidad política en el Perú, por las atribuciones que otorga al Congreso.

Además de las muertes, registradas oficialmente en 46, hay hasta ahora 531 heridos -355 civiles y 176 agentes de la policía- y 329 detenidos, según la fiscalía, que abrió una investigación por «genocidio» contra la presidenta interina.

«¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana», dijo el viernes Richard Hancco, gobernador de Puno, una de las regiones con más muertos y mayor intensidad en las protestas.  «